La causa penal contra Miguel Ángel Fernández, principal directivo de CorAr International, continúa prácticamente paralizada mientras la Cámara de Apelaciones todavía no resuelve un recurso presentado por la defensa del empresario argentino, imputado por presunta estafa.

La demora genera creciente malestar entre las víctimas, que ven pasar las semanas sin que siquiera pueda concretarse la audiencia de imposición de medidas cautelares contra Fernández.

Según explicó a Noticde un profesional que asesora a varios de los afectados, la defensa presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio y solicitó la suspensión de la audiencia. El juez penal de Garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda, rechazó la reposición pero concedió la apelación, que ahora debe ser resuelta por la Cámara.

“La Cámara todavía no resolvió el tema”, explicó el abogado, quien reconoció que en esta etapa la demora ya no puede atribuirse exclusivamente al magistrado de Hernandarias.

El propio profesional fue categórico al señalar que Ojeda rechazó el planteamiento inicial y remitió la apelación a la instancia superior.

La causa sigue sin avanzar

El principal cuestionamiento de los afectados apunta ahora a la lentitud de la Justicia en general, teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias, los montos involucrados y la cantidad de personas que aseguran haber sido perjudicadas por los proyectos inmobiliarios de CorAr.

Mientras la Cámara no resuelva la apelación, permanece pendiente la audiencia en la que deberá definirse qué medidas cautelares serán aplicadas a Fernández.

Las anteriores postergaciones ya habían generado preocupación entre los afectados, principalmente porque el empresario argentino no compareció a sus primeras convocatorias fiscales y posteriormente participó de actuaciones de manera telemática.

Esto llevó a las víctimas a manifestar anteriormente su temor de que Fernández pudiera abandonar el país, aunque hasta ahora no existe confirmación independiente sobre su actual paradero.

Fiscalía tiene plazo hasta el 11 de noviembre

Otro dato nuevo es que el plazo otorgado al Ministerio Público para presentar su requerimiento conclusivo fue extendido hasta el 11 de noviembre.

Esto significa que, mientras continúa pendiente la resolución de la Cámara sobre la apelación, también sigue corriendo el tiempo de la investigación fiscal.

Para la representación de las víctimas, resulta preocupante que una causa de esta magnitud avance con tanta lentitud.

“Lo que podemos cuestionar ahora es la lentitud de la Justicia ante un hecho tan grave y con tantos perjudicados”, sostuvo el profesional consultado.

Los afectados esperan que la Cámara se pronuncie finalmente sobre el recurso y permita destrabar la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Mientras tanto, el expediente continúa avanzando a cuentagotas y Miguel Ángel Fernández sigue sin una definición sobre las medidas que deberán garantizar su sometimiento al proceso.