Los abogados y compradores afectados por CorAr expresan su desconfianza hacia la actuación del juez penal de Garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda. Cuestionan las reiteradas suspensiones de audiencias y sospechan que las dilaciones podrían estar favoreciendo al empresario argentino Miguel Ángel Fernández, cuyo paradero actual desconocen.
La causa penal contra Miguel Ángel Fernández, principal directivo de CorAr International e imputado por presunta estafa, genera cada vez más cuestionamientos. Esta vez, las críticas apuntan al juez de Garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda, cuya actuación despierta fuertes sospechas entre los abogados y las víctimas de la desarrolladora inmobiliaria.
Según relató a Noticde un abogado que representa a los afectados, el empresario argentino no compareció a las dos primeras convocatorias para prestar declaración indagatoria. Recién después de varios intentos se presentó ante el Ministerio Público. Posteriormente, las audiencias judiciales se realizaron de manera telemática, sin su presencia física ante el juzgado.
Esta situación alimenta las sospechas de que Fernández podría haber abandonado Paraguay, aunque su paradero todavía no pudo ser confirmado.
Sospechas por las constantes postergaciones
La representación de las víctimas considera que la sucesión de incidentes y suspensiones merece una explicación. Según el abogado, la defensa intentó inicialmente trasladar la causa a Asunción mediante un planteamiento de incompetencia territorial. Posteriormente, presentó una acción de inconstitucionalidad y sucesivos recursos de reposición con apelación en subsidio.
«Está chicaneando y chicaneando», manifestó el profesional, quien sostiene que los recursos presentados buscan ganar tiempo y retrasar la imposición de medidas cautelares.
Pero los cuestionamientos van más allá de la estrategia de la defensa. El abogado expresó su desconfianza hacia el funcionamiento de la Justicia y planteó sospechas sobre posibles irregularidades detrás de las reiteradas postergaciones.
Para los afectados, resulta preocupante que el proceso continúe sin una definición sobre las medidas cautelares. Sospechan que las demoras podrían estar beneficiando al imputado y reclaman que se examine la actuación judicial.
No obstante, hasta el momento no se han presentado elementos que permitan afirmar que existan negociaciones irregulares entre Fernández, su defensa y operadores judiciales. Las sospechas corresponden a los representantes de las víctimas y requieren una investigación independiente.
Duras críticas al juez Nelson Ojeda
Los afectados consideran que el magistrado está actuando con demasiada flexibilidad, mientras la defensa presenta nuevos recursos y las audiencias continúan postergándose.
El abogado sostiene que existen elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva del empresario y que el peligro de fuga debe ser examinado cuanto antes.
Para este miércoles 30 de septiembre está fijada otra audiencia en el juzgado de Hernandarias. Los denunciantes temen que nuevamente termine suspendida o que Fernández no comparezca.
Si el empresario vuelve a ausentarse, consideran que aumentarán sus sospechas de que ya no se encuentra en Paraguay. Por ello, reclaman que el juzgado verifique su paradero y resuelva su situación cautelar.
La prisión preventiva requiere una evaluación judicial de riesgos procesales concretos. Las incomparecencias anteriores y las audiencias virtuales son circunstancias que los afectados piden examinar, pero no demuestran por sí solas que exista peligro de fuga.
Reclaman transparencia y respuestas
La representación de las víctimas cuestiona que, después de tantas controversias procesales, todavía no exista una definición sobre las medidas cautelares.
Los afectados reclaman explicaciones sobre las suspensiones y transparencia en las actuaciones del juzgado, además de una resolución que garantice la continuidad del proceso penal.
La controversia ocurre mientras numerosos compradores buscan recuperar importantes sumas de dinero invertidas en proyectos inmobiliarios de CorAr que no fueron entregados en los plazos contractuales.
Para las víctimas, la incertidumbre ya no se limita a la recuperación de sus inversiones. También temen que las sucesivas postergaciones terminen permitiendo que Fernández se sustraiga del proceso.
La audiencia de este miércoles será una nueva oportunidad para conocer si finalmente se resuelve su situación cautelar o si la causa vuelve a sufrir otra postergación.
Hasta ahora, las sospechas sobre posibles irregularidades judiciales no están acreditadas. Tampoco se cuenta con una confirmación independiente del paradero de Fernández ni con las respuestas del juez Ojeda y de la defensa del empresario a los cuestionamientos formulados.
