La crisis de CorAr International S.A.E.C.A. estalló con más fuerza en Ciudad del Este. El principal directivo de la firma, Miguel Ángel Fernández, ni siquiera compareció este viernes ante la Unidad Penal N.º 5, donde debía presentarse para su declaración indagatoria en una causa por presunta estafa.
Pero la ausencia del imputado es apenas una parte del problema. Según datos recabados por Noticde, las denuncias contra la desarrolladora ya se encuentran en tres unidades penales del Ministerio Público de Ciudad del Este, mientras crece la sospecha de que la cantidad de víctimas sería mucho mayor a la conocida hasta ahora.
Además de la causa que investiga la fiscala Carolina Rosa Gadea, en la Unidad Penal N.º 11, a cargo de la fiscala Julia González, figuran al menos 14 víctimas que denunciaron a la empresa por el proyecto Yrupé 1, ubicado en el kilómetro 8 Monday de Ciudad del Este.
Los datos indican que cada una de estas personas habría pagado en promedio entre USD 80.000 y USD 90.000 por apartamentos en una obra que hoy permanece abandonada. Solo en ese grupo, el perjuicio económico ya sería millonario.
Sin embargo, lo más grave es que ese número podría quedar corto. De acuerdo con las propias declaraciones de las víctimas, CorAr habría vendido más apartamentos de los que contemplaba el proyecto original, es decir, unidades que ni siquiera tendrían posibilidad real de construirse.
Si esto se confirma, el escándalo podría ser todavía mayor: no solo por el monto del dinero comprometido, sino porque ni siquiera existe por ahora una forma clara de determinar cuántas personas fueron realmente afectadas.
Muchos compradores, según los antecedentes, todavía no presentaron denuncia formal.
Uno de los testimonios recogidos en la investigación refleja el golpe humano y financiero que deja este caso. Una de las víctimas relató que llegó a sacar un préstamo millonario en una entidad financiera para invertir en un departamento de Yrupé 1. Hoy enfrenta un panorama asfixiante: la obra no avanza, la posibilidad de haber sido estafada está latente y la deuda con la entidad sigue corriendo.
Como si eso fuera poco, otra unidad fiscal, a cargo del fiscal Osvaldo Záracho, también tramita denuncias relacionadas con el mismo caso. Hasta el momento no se pudo precisar cuántas víctimas figuran en ese expediente ni cuánto dinero habrían invertido.
Tampoco existe todavía una cifra exacta sobre los afectados de Alto Paraná que colocaron dinero en otro de los proyectos estrella de la firma, el edificio Elysium, en Asunción, que también arrastra fuertes cuestionamientos.
La multiplicación de denuncias, la dispersión de las causas en distintas unidades fiscales y la posibilidad de que se hayan comercializado departamentos que nunca llegarían a existir muestran que el caso CorAr ya dejó de ser un simple conflicto comercial.
Lo que hoy aparece ante la Fiscalía es un esquema bajo sospecha que pudo haber dejado un tendal de víctimas en Ciudad del Este, Alto Paraná y otros puntos del país, con perjuicios que podrían ser mucho más grandes de lo que hasta ahora salió a la luz.
El origen de todas estas denuncias se remonta a la venta anticipada de departamentos y cocheras en proyectos inmobiliarios de CorAr, principalmente bajo la modalidad “en pozo”. Los compradores entregaron importantes sumas de dinero con la promesa de recibir sus unidades dentro de plazos determinados, pero con el correr del tiempo comenzaron los atrasos, las obras quedaron paralizadas y aparecieron los reclamos. A partir de allí, varios inversionistas acudieron al Ministerio Público al considerar que ya no estaban ante un simple incumplimiento contractual, sino frente a hechos que podrían configurar una estafa.
