Durante una sesión extraordinaria del Senado, se aprobó un importante proyecto de ley que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023. Esta modificación tiene un enfoque específico en el Ministerio de Educación y Ciencias, en particular, en la Universidad Nacional del Este (UNE).
El senador Javier Zacarías Irún, en su calidad de vocero de la Comisión de Hacienda, presentó los argumentos para la aprobación de este proyecto. Explicó que se trata de una reprogramación presupuestaria de Gs. 1.399 millones provenientes de la fuente 10 del Tesoro. Esta reprogramación se enfoca en la reducción de gastos relacionados con construcciones de uso institucional, sin implicar un aumento en el presupuesto total de la UNE para el año 2023.
El objetivo principal de esta modificación presupuestaria es resolver un tema crucial: el ajuste salarial para los docentes y el personal administrativo de la UNE. Este ajuste beneficiará a 585 profesores y 390 empleados del escalafón administrativo. Es importante destacar que esta medida no implica un incremento neto en el presupuesto de la UNE, sino una redistribución de recursos dentro del presupuesto existente.
Sin embargo, hubo voces en contra del proyecto. La senadora Celeste Amarilla, aunque reconoció la importancia de mejorar los salarios de los docentes y el personal administrativo, expresó su desacuerdo debido a la redistribución de fondos que afectará las inversiones planificadas por la UNE.
El senador José Oviedo, vocero de la Comisión de Cuentas y Control, enfatizó la necesidad de invertir en educación, pero lamentó que la UNE deba utilizar parte de su presupuesto de inversión para cubrir los costos salariales.
Por otro lado, varios legisladores se manifestaron a favor del proyecto, destacando la importancia de reconocer y regularizar los salarios de los docentes y el personal administrativo.
El senador Oscar Salomón planteó una perspectiva a largo plazo al señalar que esta modificación presupuestaria tendrá un impacto en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024. A pesar de este aspecto, consideró justa la reivindicación salarial.
El proyecto fue presentado inicialmente por las diputadas Rocío Abed de Zacarías y Liz Acosta, y finalmente, fue sancionado durante la sesión. Ahora, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo.



