Según un informe de la Municipalidad de Ciudad del Este, se implementará la Ordenanza N° 001/2025, basada en la Ley 620/76, aprobada por la Junta Municipal. La disposición establece el pago anual de patente para vehículos, calculado en base al jornal mínimo diario, además de la unificación de los costos de habilitación según el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

La reglamentación define el valor imponible para la determinación del impuesto en el despacho aduanero, excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes fiscales. Para el cálculo de los tributos en vehículos nuevos y usados, el tipo de cambio dólar-guaraní será determinado por la intendencia municipal según el informe mensual del Banco Central del Paraguay correspondiente al mes anterior.

El proyecto de modificación de la Ley N° 135/91 y la actualización de la Ley 620/76, que regula el régimen tributario de municipalidades de 1ª, 2ª y 3ª categoría, fue aprobado por la Cámara de Diputados. La medida busca unificar los costos de habilitación vehicular en todos los municipios del país, estableciendo una tarifa base según el tipo de vehículo y su año de fabricación.

De acuerdo con el artículo 1° de la nueva normativa, las municipalidades deberán aplicar obligatoriamente un cálculo específico de los costos de patente vehicular en función del jornal mínimo diario. Para el cálculo, se toma como referencia el jornal mínimo diario vigente de G. 102.549:

Motocicletas:

Automóviles:

Vehículos de transporte de pasajeros y carga:

Los vehículos serán clasificados según su antigüedad en las siguientes categorías:

La implementación de esta normativa busca estandarizar el costo de la patente de rodado a nivel nacional, asegurando mayor equidad y transparencia en el cálculo de los impuestos municipales. Además, se prevé la creación del Registro Único de Patentes de Rodados, con el fin de mejorar el control y facilitar la identificación de infractores viales, según fundamentaron los proyectistas.

La comunidad académica de la Universidad Nacional del Este (UNE) alcanzó un consenso para la elección del ingeniero José Sánchez como próximo rector de la institución para el período 2025-2030. La decisión fue tomada por los diferentes sectores universitarios sin oposición.

Según informaron fuentes de la UNE, Sánchez es actualmente vicedecano de la Facultad de Ingeniería Agronómica. Junto a él, el profesor Carlos Mercado fue designado como candidato a vicerrector.

El proceso de selección estuvo marcado por reuniones entre las facultades y sectores universitarios. Según los datos proveídos, la decisión priorizó la estabilidad institucional y la continuidad de los proyectos académicos y administrativos.

Las elecciones están previstas para el 15 de marzo. Este lunes 3, hasta el mediodía, se realizan las inscripciones de candidaturas.

El Consejo Superior Universitario será el organismo encargado de validar el proceso y proclamar oficialmente a las nuevas autoridades. Con esta elección, la UNE iniciará un nuevo período de gestión con un liderazgo respaldado por el consenso académico.

El corte de agua como herramienta de presión

Vecinos de la 3a. Fracción, Zona B, del barrio 23 de Octubre han denunciado un accionar abusivo por parte de la Subcomisión de Agua local, encabezada por Basilio Godoy Espínola, presidente, y Cristina Ayala de Merlo, tesorera. Según los afectados, ambos directivos han recurrido a un recurso no solo inapropiado, sino totalmente injustificable: el corte del suministro de agua para presionar a los vecinos a asistir a una reunión, cuya convocatoria se realizó a toda prisa con el fin de «demostrar la actividad de la organización» ante el intendente Miguel Prieto. El corte comenzó el sábado y la reunión fue programada para el domingo.

El domingo pasado, finalmente se llevó a cabo la reunión y, tras su finalización, los directivos volvieron a abrir las llaves que permitieron restablecer el suministro del vital líquido a los usuarios. Sin embargo, las maniobras de Godoy y Ayala no terminaron allí. Según denuncias recientes, este martes ambos fueron vistos recorriendo el barrio ofreciendo una rifa que, según los vecinos, no es más que otro método para recaudar dinero sin ningún tipo de transparencia.

Las quejas contra Godoy y Ayala no se limitan solo a esta maniobra. La comunidad acusa a la directiva de manejar la Subcomisión de manera autoritaria, sin permitir cuestionamientos ni rendición de cuentas. A lo largo de varias reuniones, los usuarios han intentado sin éxito obtener información sobre la gestión de los recursos facturados por el servicio, pero se han encontrado con una negativa total por parte de los directivos. En una de estas reuniones, incluso, se produjo un conato de enfrentamiento cuando Godoy y Ayala se negaron rotundamente a ofrecer detalles sobre las finanzas, reflejando una falta absoluta de transparencia.

Una de las irregularidades más preocupantes es que el período de mandato de la actual directiva venció en diciembre de 2024. Sin embargo, Godoy y Ayala se niegan a convocar una asamblea para la renovación de autoridades, a pesar de que la ley exige dicho procedimiento. Ambos directivos han afirmado en varias ocasiones que no serán reemplazados y se aferran al control del sistema de agua, que, aunque vital para la comunidad, ha sido gestionado de manera cuestionada por los mismos miembros.

Aún más grave es la reciente denuncia sobre la manipulación del libro de actas. Según los testimonios, Godoy y Ayala habrían dejado dos hojas en blanco en el libro, las cuales fueron firmadas por los miembros sin conocer el contenido de los documentos. Este acto no solo es ilegal, sino que demuestra el abuso de poder y el menosprecio absoluto hacia la comunidad, que no tiene voz en las decisiones clave que afectan a todos.

Ante esta serie de irregularidades, un grupo de usuarios presentó una nota formal a la Subcomisión de Agua solicitando una asamblea extraordinaria para tratar la gestión de los recursos hídricos y la transparencia de la administración. Sin embargo, como de costumbre, la solicitud no tuvo eco favorable.

Los habitantes de la 3a. Fracción exigen la intervención urgente de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Miguel Prieto, y de otros entes reguladores para poner fin a esta situación. La comunidad no puede seguir siendo rehén de una directiva que se aferra a su poder, sin rendir cuentas y sin garantizar un servicio de agua adecuado y transparente. La gestión de un servicio tan crucial como el agua debe ser objeto de una constante supervisión, y los vecinos tienen derecho a exigir transparencia y eficiencia en su administración.