Una comitiva fiscal y policial, en conjunto con técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), allanó una propiedad en Minga Guazú utilizada para la minería de criptomonedas mediante una conexión clandestina de energía eléctrica, generando cuantiosas pérdidas para la empresa estatal.
El operativo fue encabezado por el fiscal Alcides Giménez en un inmueble ubicado en el kilómetro 22, lado Monday de Minga Guazú. Según los registros, la propiedad pertenece al ciudadano chino Young Hsiu Yueg, aunque se presume que estaba siendo usufructuada por Zhihua Xia, empresario y directivo de la firma B Blue S.A.
Durante la intervención, los agentes encontraron dos contenedores repletos de equipos mineros en pleno funcionamiento. En total, se incautaron 213 máquinas de minería de criptoactivos y dos transformadores de alta potencia: uno de 663 kVA y otro de 45 kVA. En el momento de la intervención, las máquinas estaban funcionando a pleno, pero no se encontró a ninguna persona responsable en el lugar.
De acuerdo con Diego Fernández, abogado de la Asesoría Jurídica de la ANDE, “la energía eléctrica consumida en esta operación ilegal podría haber abastecido a unas 500 viviendas”, lo que pone en evidencia la magnitud del robo y su impacto en la red eléctrica.
El informe técnico de la ANDE confirmó la existencia de una derivación ilegal antes del medidor, lo que permitía el uso de electricidad de forma clandestina. Las mediciones realizadas en el sitio registraron intensidades de corriente que alcanzaban hasta 17.9 amperes, lo que corroboró el uso fraudulento de la energía.
En el momento del allanamiento, no se encontró a ningún responsable en el lugar. Las autoridades presentaron una denuncia penal por sustracción de energía eléctrica, según el Art. 173 del Código Penal, modificado por la Ley 7300/24, que también dispone la incautación de bienes vinculados a este tipo de delitos. Además, se suma la figura de perturbación de servicios públicos, contemplada en el Art. 218 del mismo código.
El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance del daño económico ocasionado al Estado.
