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30 padres de familia se niegan a asistir económicamente a sus hijos
La fiscal Carolina Rosa Gadea, titular de la Unidad Penal N° 5, inició procesos penales en contra de 30 padres de familia, que se negaban a prestar asistencia económica a sus respectivos hijos menores, así como establece la Ley. Todos ellos, quienes soportan cargos por Incumplimiento del Deber Legal Alimentario, quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
Los encausados preliminarmente fueron condenados por diferentes juzgados de la Niñez y Adolescencia de Alto Paraná al pago de determinados montos mensuales en concepto de prestación alimentaria, y que estaban obligados a depositar en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Sin embargo, los mismos no cumplieron las disposiciones judiciales y consecuentemente fueron denunciados por las madres de los menores, en el Ministerio Público. Las diferentes causas penales se iniciaron en los primeros meses de este 2020.
Luego de los trámites pertinentes y haber reunido los primeros elementos de sospechas, mediante informes bancarios, la fiscal Carolina Gadea dispuso la imputación de las 30 personas. Igualmente, dejó a cargo de los respectivos juzgados la imposición de medidas cautelares que garanticen el sometimiento de los encausados a la Justicia.
Los nombres de los imputados se omiten para evitar la posible identificación de sus menores de edad, en cumplimiento a lo establecido por el Código de la Niñez y Adolescencia.
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Vecino acusado de envenenar y matar a cuatro perros
Un hombre denunció a su vecino por el supuesto envenenamiento y muerte de sus cuatro perros de diferentes razas. El hecho aconteció el 20 de mayo alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada en el barrio San Blas, en el distrito de Tavapy, sur del departamento de Alto Paraná.
El denunciante, Ever Diosnel Colmán Fretes (34), sindicó a su único vecino, Martín Persingola Núñez (76), como el responsable de este lamentable episodio. Según la acción radicada en la subcomisaría número 39 de la zona, se presume que el envenenamiento tuvo lugar en el inmueble de Persingola Núñez.
Los perros fallecieron después de vomitar chorizo y una sustancia venenosa, conforme se pudo precisar.
El dueño comentó que en la fecha y hora mencionadas, salió de casa en su vehículo para dirigirse a su chacra, mientras lo cuatro perros le siguieron hasta cierta distancia.
Luego, los animales regresaron y se dirigieron hacia la propiedad de Martín Persingola. Horas después volvieron a la casa de Colmán Fretes con los síntomas mencionados y fallecieron de inmediato.
El fiscal de turno de Santa Rita, José Silguero, intervino en la causa. Ever Diosnel se ratificó en su denuncia bajo acta.
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Informe de la Observadora de la UE: Ausencia de indicios de fraude y recuento de votos inviable
En su último informe, la jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Tania Marques, confirmó que no se encontraron pruebas sustanciales de fraude electoral y que un recuento de votos no es factible en este momento.
Marques destacó el desarrollo normal de las recientes elecciones y reiteró que, a pesar de las acusaciones de supuesto fraude, no existen pruebas claras al respecto. Además, respaldó la decisión de no abrir el Sobre 4 por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Dijo que el envío de un grupo de observadores electorales refleja el compromiso de la Unión Europea con el proceso democrático en nuestro país. Esta tercera misión de observación electoral de la UE tuvo la responsabilidad de brindar acompañamiento antes, durante y después de las elecciones generales.
Resaltó que todo el proceso electoral transcurrió de manera transparente, elogiando los esfuerzos de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para fortalecer la confianza ciudadana. Acotó que el cómputo provisional y la revisión final de actas se llevaron a cabo sin contratiempos significativos.
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Operativo «apriete»: Fiscal incautó 500 celulares durante allanamiento
En un supuesto operativo «apriete», el fiscal Luis Trinidad Colmán incautó al menos 500 celulares, argumentando que verificarán los respectivos IMEI en el marco de una investigación sobre robo agravado. El fiscal adjunto Jorge Sosa autorizó el procedimiento supuestamente irregular, conforme con los datos.
La intervención se realizó en la mañana de este sábado 20 en el edificio Multiplasss de Ciudad del Este. Los abogados del negocio afectado aseguraron que los artefactos están totalmente documentados y nada tienen que ver con el caso pesquisado, que sucedió en Caacupé el 25 de abril pasado.
Según datos, esa carga -sustraída por delincuentes- salió totalmente en frío, con anuencia de los responsables de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
Se supo que esas mercaderías no fueron despachadas en Paraguay y están valuadas en 3,5 millones de dólares. Además, de acuerdo con las informaciones que se manejan, cuentan con facturas, pero no pasó por el despacho.
La Fiscalía, para sostener el dudoso operativo en el comercio esteño, afirma que los celulares confiscados forman parte de aquel atraco, pese a contar con la lista de características de todos los aparatos sustraídos en aquella oportunidad.
El interés desmedido del agente fiscal Trinidad sería por la recompensa que está ofreciendo el propietario de la carga robada y cuya cantidad asciende a 3 mil ítems, según las fuentes.
Al respecto, el fiscal adjunto del Área Penal N° 10, Jorge Sosa, dijo que no contaba con mayores datos, pues estaban investigando. No obstante, confirmó que todo lo incautado fue llevado hasta la sede fiscal para una supuesta revisión pormenorizada.
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