Se trata de Alcides Benítez Cano, detenido el 28 enero durante el allanamiento de su vivienda. El hombre es sospechado de haber hurtado insecticidas por valor de 700 mil dólares, que estaban guardados en un contenedor.

Fue imputado por el fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Zonal de Santa Rita por la presunta comisión del hecho punible de Hurto Agravado.

Resultó esta identificado como Ivori Forlin, de nacionalidad brasileña. El hecho ocurrió el 31 de diciembre del 2019, a las 02:30 horas. En la oportunidad, el ahora imputado violentó el candado e ingresó a sustraer 5 litros de insecticidas, marca Paddle Max, cuyo costo asciende a 180 mil dólares americanos.

También se apoderó de 12 litros de Teflubenzuron, valuados en 520 mil dólares. La investigación refiere que Alcides Benítez utilizó una camioneta Mitsubishi, tipo ST Wagon, de color negro, con chapa CEA 740, para trasladar los productos hurtados.

El afectado se percató de lo sucedido en horas de la mañana cuando se levantó y cruzó frente al contenedor, pues ya no tenía ninguna cerradura. Luego, radicó la denuncia y entregó a los intervinientes una cámara de seguridad que grabó completamente las imágenes del ilícito. Los intervinientes constataron que el hoy encausado fue quien ingresó al sitio, tras forzar las puertas. También divisaron las características del rodado que usó para movilizarse.

El denunciante explicó a las autoridades, que días antes del hecho punible, se había percatado de la presencia de sospechosos rondando por la zona, a bordo del mismo rodado, por lo que anotó la matrícula y compartió en un grupo de whatsapp en el que pertenece. Todos los datos que facilitó a los efectivos policiales coincidieron con las características del aprehendido y de la camioneta.

El escrito fiscal agrega, que el 28 de enero último, los investigadores ejecutaron un procedimiento en la casa de Alcides, en el barrio San Cayetano, donde procedieron a su aprehensión. Frente a la casa verificada estaba el vehículo en cuestión.

En su oportunidad, se requisaron varias evidencias como facturas, celulares, filmadoras, contrato privado y otros documentos que hacen sospechar la implicancia del sujeto en el hecho punible. Ahora, el fiscal Quintana inició el proceso penal en su contra, solicitó su prisión preventiva y pidió la utilización de cuatro meses de plazo para presentar requerimiento conclusivo.