Un Tribunal de Sentencia condenó a 30 años de prisión, más cinco años de medida de seguridad, a Adrián Ancelmo Aveiro Silguero, de 32 años, conocido como “Pai Asmud”. Fue declarado culpable por varios hechos relacionados con abusos sexuales, trata de personas y explotación de víctimas.
El juicio terminó este viernes en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Vivian Coronel.
Según lo probado durante el juicio, entre 2018 y 2025 el condenado utilizó su posición como supuesto ministro de un culto umbandista para acercarse a personas en situación de vulnerabilidad.
La Fiscalía sostuvo que ofrecía vivienda, alimentación y protección espiritual. Sin embargo, una vez que las víctimas ingresaban a su entorno, eran aisladas, sometidas a amenazas y, en algunos casos, obligadas a trabajar sin recibir dinero.
Los hechos ocurrieron en inmuebles ubicados en el km 8 Monday de Ciudad del Este, el Área 6 de Hernandarias y el barrio Paseo Acaray, en Minga Guazú.
Entre las víctimas había niños y adolescentes. Durante el juicio se comprobó que el hombre cometió abusos sexuales contra varios menores y también contra personas adultas.
Además, cinco personas fueron sometidas a condiciones de servidumbre. Según la investigación, tenían prohibido salir libremente, eran obligadas a trabajar y algunas recibían castigos físicos.
Las víctimas también denunciaron amenazas de muerte contra ellas y sus familiares.
El caso incluyó además la violación del deber de cuidado de una niña de dos años, a quien el condenado había inscripto como hija. Según la Fiscalía, la menor era expuesta a rituales nocturnos en los que había consumo de alcohol, tabaco y situaciones de violencia.
Las declaraciones de las víctimas fueron respaldadas por entrevistas en Cámara Gesell, testimonios y estudios médicos, psicológicos y psiquiátricos.
Durante allanamientos realizados en julio de 2025 también fueron encontrados objetos que, según la investigación, eran utilizados para castigos, además de anotaciones con nombres y registros de cobros. El teléfono celular del acusado también fue sometido a una pericia informática.
Un informe del Viceministerio de Culto señaló además que el grupo religioso dirigido por el condenado no estaba inscripto oficialmente.
La fiscal Vivian Coronel había solicitado 30 años de cárcel y 10 años de medida de seguridad. Finalmente, el Tribunal, presidido por Herminio Montiel e integrado por Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano, fijó 30 años de prisión y cinco años de medida de seguridad.
El condenado también tendrá prohibido durante cinco años ejercer actividades relacionadas con consultas, curaciones o trabajos espirituales a cambio de dinero, así como dirigir lugares donde se alojen personas o participen menores de edad.
Esta prohibición comenzará a regir después de que cumpla la pena de prisión.