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Yolanda Paredes denuncia que juntas cívicas exigen hasta G. 10 millones a partidos políticos

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La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, denunció que juntas cívicas de distintos distritos del país estarían exigiendo pagos de hasta G. 10 millones a los partidos y movimientos políticos que participarán en las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre. La legisladora aseguró que incluso existirían amenazas de no acreditar a los veedores de las organizaciones que se nieguen a entregar dinero.

Paredes realizó la denuncia tras recibir una serie de mensajes de candidatos de su partido, quienes le comunicaron que las juntas cívicas les estarían solicitando aportes de G. 1 millón, G. 3 millones, G. 5 millones y hasta G. 10 millones, dependiendo del distrito.

Según explicó, el dinero se exige con el argumento de cubrir gastos como limpieza de patios, pintura de aulas, iluminación de locales electorales y alimentación de los miembros de mesa.

La parlamentaria cuestionó que se pretenda trasladar estos gastos a las organizaciones políticas, cuando la Justicia Electoral dispone de recursos públicos para organizar los comicios.

«Para eso se le da la plata al Tribunal Superior de Justicia Electoral», reclamó, al responsabilizar directamente a los ministros del organismo por la administración del presupuesto electoral.

Sin embargo, lo que más preocupa a la senadora son las supuestas presiones que estarían ejerciendo algunas juntas cívicas. Afirmó que los partidos que se niegan a colaborar económicamente se exponen a que no se les acrediten sus veedores o a que sus miembros de mesa queden sin alimentación durante la jornada electoral.

Paredes calificó estas exigencias como una forma de extorsión y advirtió que no permitirá que los candidatos de su partido sean obligados a realizar aportes bajo esas condiciones.

Otro aspecto cuestionado por la legisladora es que las contribuciones estarían siendo recaudadas mediante recibos comunes, sin facturas legales que permitan justificar los desembolsos.

Recordó que la ley de financiamiento político obliga a las organizaciones partidarias a documentar sus gastos y que la Justicia Electoral aplica controles estrictos sobre las rendiciones de cuentas.

«Con nosotros no hay perdón. Por tanto, tampoco habrá perdón de Cruzada Nacional con relación a ustedes del Tribunal Superior de Justicia Electoral», advirtió.

La senadora también puso en discusión el presupuesto de la institución. Aseguró que el TSJE cuenta este año con recursos equivalentes a unos USD 150 millones y que para 2027 solicitó aproximadamente USD 153 millones, cifras que mencionó para cuestionar la necesidad de recurrir nuevamente a los partidos políticos.

También denunció una competencia económica por los miembros de mesa, señalando que algunas organizaciones estarían ofreciendo pagos que van desde G. 150.000 hasta G. 600.000.

A su criterio, esta práctica deja en desventaja a los partidos con menos recursos y abre las puertas a la compra de voluntades. No obstante, sus afirmaciones sobre una eventual compra de conciencias requieren pruebas que permitan establecer si existieron conductas irregulares.

Ante esta situación, Paredes exigió que el TSJE emita inmediatamente un comunicado para aclarar las responsabilidades económicas de la institución y prohibir cualquier cobro irregular por parte de las juntas cívicas.

Además, pidió a los dirigentes y candidatos que hayan entregado dinero que le hagan llegar los recibos correspondientes. Su intención es reunir la documentación y presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

La parlamentaria aseguró que ya intenta comunicarse con representantes de la Fiscalía para ponerlos al tanto de las denuncias que está recibiendo.

«Dejen de colaborar, colaborar entre comillas, con la corrupción», expresó durante su intervención, al instar a los partidos políticos a no aceptar las supuestas exigencias económicas.

Las acusaciones de Paredes apuntan a una práctica que, según afirmó, se repite desde hace años en distintas elecciones. Por el momento, queda pendiente identificar a las juntas cívicas denunciadas, comprobar los presuntos cobros y conocer la respuesta oficial del TSJE.

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