Un nuevo cuestionamiento surge alrededor de la convocatoria de acreedores solicitada por CorAr International S.A.E.C.A.. Un profesional del derecho que representa a inversionistas afectados de Ciudad del Este denuncia que personas vinculadas a la desarrolladora estarían instando a compradores que todavía no recibieron sus departamentos a rescindir sus contratos de compraventa y sustituirlos por pagarés antes de presentarse a verificar sus créditos ante la Justicia.

El abogado sostuvo que la problemática no se limita a Alto Paraná y que existirían compradores e inversionistas perjudicados en distintos puntos del país.

Según explicó, personas allegadas a CorAr estarían enviando mensajes a inversionistas y compradores indicándoles que deben presentarse ante la propia desarrolladora para cambiar sus contratos por pagarés y posteriormente solicitar, con esos documentos, la verificación de sus créditos dentro del juicio de convocatoria de acreedores.

El profesional cuestionó duramente ese procedimiento y sostuvo que existe una advertencia dirigida a los compradores de que, si no realizan ese cambio, podrían perder la totalidad de su inversión.

“Personas allegadas a CorAr están manipulando a los inversores y compradores de unidades, enviándoles mensajes y diciéndoles que deben presentarse ante CorAr para cambiar sus contratos de compraventa por un pagaré”, afirmó.

Audio coincide con la denuncia

El planteamiento coincide con el contenido de un audio remitido a inversionistas y al que tuvo acceso Noticde.

En la grabación, una persona vinculada a la gestión con los compradores señala que aquellos que ya tengan una unidad entregada pueden optar por conservarla, pero que quienes todavía no la recibieron deberían rescindir el contrato.

“Para poder estar dentro del concurso sí o sí tenés que rescindir el contrato y transformarlo (…) en un pagaré y con eso te presentás al concurso”, señala el mensaje.

El audio también menciona que el plazo para verificar los créditos sería de 30 días corridos y que los inversionistas residentes fuera del Paraguay deberán otorgar poderes apostillados a abogados matriculados en el país.

Hablan de continuidad del supuesto esquema

El representante legal de los afectados fue todavía más lejos y afirmó que, a criterio de sus clientes, este procedimiento debe ser investigado como parte del supuesto esquema denunciado contra la desarrolladora.

“Lo que hace notar es que inclusive la convocatoria de acreedores está pensada para seguir con el esquema de estafa que la desarrolladora ha planificado”, manifestó.

La afirmación constituye una acusación formulada por la representación de los afectados y no una conclusión judicial. Hasta el momento, no existe una resolución que determine que la convocatoria de acreedores forme parte de un esquema delictivo.

Precisamente por ello, una de las cuestiones centrales será determinar si existe alguna disposición judicial que obligue efectivamente a los compradores a rescindir sus contratos de compraventa para poder verificar sus créditos, o si se trata de una alternativa planteada desde el entorno de la propia desarrolladora.

También recomiendan abogado y fijan honorarios

La representación de los afectados cuestionó además que, junto con las instrucciones sobre cómo presentarse al concurso, se sugiera a los inversionistas un profesional determinado para representarlos y se les informe previamente cuánto deberán pagar por esa gestión.

Un instructivo remitido a acreedores y analizado por este medio menciona a un abogado como opción para realizar el trámite, aunque aclara expresamente que cada acreedor puede contratar al profesional paraguayo de su preferencia.

El documento establece como propuesta de honorarios un 6% sobre el monto del crédito verificado, más otro 1% en concepto de tasas judiciales y gastos, totalizando un costo del 7%.

También señala que los acreedores residentes en el extranjero deberán otorgar un poder con cláusulas especiales, apostillarlo y enviarlo al Paraguay, mientras quienes se encuentren en el país podrán formalizarlo directamente ante un escribano.

Una decisión que puede tener consecuencias

El punto que genera mayor preocupación entre los representantes de los compradores es qué consecuencias jurídicas puede tener para un inversionista rescindir voluntariamente su contrato de compraventa y aceptar un pagaré en reemplazo del derecho originalmente adquirido sobre un departamento o cochera.

Una vez efectuada esa modificación, deberá determinarse si el comprador mantiene la posibilidad de exigir posteriormente la entrega de la unidad inmobiliaria o pasa a reclamar exclusivamente una suma de dinero dentro del concurso.

Por ello, representantes de afectados cuestionan que los inversionistas adopten este tipo de decisiones sin contar previamente con asesoramiento jurídico independiente.

La controversia se produce mientras CorAr intenta reorganizar judicialmente sus obligaciones y decenas de compradores, tanto paraguayos como extranjeros, buscan determinar cómo recuperar el dinero invertido o conservar los derechos sobre los inmuebles que adquirieron.