El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal para investigar una denuncia sobre presuntas inconsistencias en títulos académicos, que podrían configurar hechos punibles contra la prueba documental.
La investigación fue asignada a las fiscalas Teresa Sosa, de la Unidad Penal N.° 20, y Juan Leonardi Guerrero, de la Unidad Penal N.° 17, ambos de la Sede 1 de Asunción. Sosa tendrá a su cargo la coordinación y dirección del equipo de trabajo.
El grupo investigativo estará bajo supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas, quien deberá coordinar las diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y a una eventual acción penal pública, de acuerdo con las atribuciones del Ministerio Público.
La medida fue adoptada luego de una denuncia presentada el 19 de junio de 2026 por un abogado en representación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), conforme a los antecedentes remitidos por la Dirección del Gabinete Fiscal.
La resolución también ordena remitir los antecedentes a los fiscales designados y comunicar formalmente el inicio de la investigación a la Oficina de Denuncias Penales correspondiente.
Con la conformación del equipo, la Fiscalía buscará reunir elementos sobre los documentos cuestionados y determinar si existen responsables penales.