Sectores alineados a la oposición en Brasil manifiestan su apoyo al acuerdo militar sancionado por el Congreso paraguayo. Consideran que la cooperación con Estados Unidos es una herramienta clave para combatir al crimen organizado en la frontera.
La reciente ratificación del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) en Paraguay generó una marcada división de opiniones en el vecino país. Mientras el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una postura de rechazo diplomático, los sectores de la derecha brasileña y movimientos vinculados al bolsonarismo expresaron su respaldo a la iniciativa del gobierno de Santiago Peña.
En las plataformas digitales y foros de debate en Brasil, los comentarios de estos sectores se centran en la seguridad fronteriza. El argumento principal sostiene que la presencia de personal militar y contratistas de Estados Unidos en suelo paraguayo servirá como un freno operativo para las facciones criminales, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que operan en la región de la Triple Frontera.
«Es una medida pragmática ante el avance del narcotráfico que las fuerzas locales no han podido contener por sí solas», señala una de las corrientes de opinión con mayor tracción en redes sociales brasileñas. Para estos grupos, la llegada de instructores norteamericanos representa una oportunidad de profesionalizar la vigilancia en puntos estratégicos que afectan directamente la seguridad interna de Brasil.
Desde el punto de vista político, la derecha del vecino país interpreta este acercamiento entre Asunción y Washington como un contrapeso necesario al eje de izquierda regional. El alineamiento de la administración Peña con las políticas de seguridad de los Estados Unidos es visto por los analistas brasileños de tendencia conservadora como un modelo a seguir en materia de relaciones exteriores.
Sin embargo, este apoyo también refleja una crítica interna hacia la gestión de Lula da Silva. Los usuarios brasileños que defienden el pacto militar paraguayo cuestionan la capacidad de su propio gobierno para blindar las fronteras, calificando la preocupación de la cancillería brasileña como una «postura ideológica» que ignora la realidad delictiva en la zona de Alto Paraná y Foz de Iguazú.
Por el momento, el despliegue de personal estadounidense bajo el marco del acuerdo SOFA continúa siendo un punto de fricción diplomática en el Mercosur, aunque para una parte considerable de la opinión pública brasileña, representa la única vía para recuperar el control de las zonas limítrofes.