CIUDAD DEL ESTE. El comisionamiento de Mirna Wolf, funcionaria del Ministerio Público y esposa del gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, venció el 31 de diciembre de 2025, sin que se haya formalizado una prórroga. Pese a ello, la funcionaria no retornó a su lugar de trabajo original, lo que la coloca en una presunta situación de abandono de cargo.
De acuerdo con la normativa vigente, el comisionamiento es una figura administrativa de carácter temporal. Una vez vencido el plazo, el retorno a la institución de origen es obligatorio, salvo que exista una resolución expresa que autorice su continuidad. Hasta el cierre de esta edición, no se registran actos administrativos públicos que respalden la permanencia de Wolf fuera del Ministerio Público.
La situación adquiere mayor gravedad a la luz de la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, vigente plenamente desde julio de 2025. El Artículo 17 de la citada norma prohíbe de manera expresa que la autoridad administrativa máxima solicite o habilite el comisionamiento de su cónyuge o parientes, con el objetivo de evitar conflictos de interés y el uso discrecional de la estructura estatal.
Esta prohibición es reforzada por el Decreto Reglamentario N° 4770, que califica este tipo de comisionamientos como irregulares, dejando sin efecto cualquier intento de legitimarlos mediante prácticas administrativas informales.
Con el vencimiento del plazo el 31 de diciembre, Wolf queda en una situación jurídica irregular por doble vía: por un lado, la inasistencia a su institución de origen, que podría configurar abandono de funciones; y por otro, su permanencia en la Gobernación sin sustento legal, al tratarse de un comisionamiento prohibido por ley.
Otro punto central del caso es que dentro del organigrama oficial de la Gobernación de Alto Paraná no existe la figura legal de “Primera Dama”. No se trata de un cargo presupuestado ni de una función administrativa reconocida por el Servicio Civil. En consecuencia, cualquier actuación, gestión o utilización de recursos realizada bajo esa denominación carece de respaldo normativo, exponiendo a la institución a eventuales observaciones o sanciones por parte de los órganos de control.
En este contexto, llama la atención la pasividad de la Junta Departamental, órgano con atribuciones específicas de control y fiscalización de los actos del Ejecutivo. Hasta el momento, no se conoce que ningún concejal departamental haya solicitado un informe oficial que aclare bajo qué figura administrativa Mirna Wolf continúa en la Gobernación, ni en qué condiciones legales lo hace tras el vencimiento de su comisionamiento.
Mientras la legislación establece prohibiciones claras, la falta de control por parte de la Junta y la inacción administrativa del Ejecutivo mantienen abierto un escenario de posible ilegalidad, con una funcionaria que no retorna a su cargo de origen y una figura institucional inexistente operando dentro de la estructura departamental.