La situación en Itakyry expone un esquema de privilegios y uso político del Estado que castiga directamente a la ciudadanía. El caso de Rosa Ninfa Paniagua de Aguilera revela cómo se consolidan redes de favores que garantizan salarios elevados sin obligaciones reales, mientras el distrito atraviesa carencias profundas y la Junta Municipal permanece inoperante.

Paniagua, madre de la diputada Bettina Aguilera, percibe simultáneamente tres salarios públicos que suman 23,7 millones de guaraníes al mes, pese a que su aporte institucional es prácticamente inexistente. Como concejal de Itakyry cobra 6,5 millones mensuales, aunque raramente se presenta a las sesiones. En el MEC mantiene 12 cátedras que le generan más de 7,2 millones. Y en Itaipú Binacional figura como comisionada en la Superintendencia de Recursos Humanos con un salario cercano a 10 millones, en un puesto sin tareas específicas ni justificación técnica.

El vínculo entre madre e hija agrega otra capa a este esquema. En febrero de 2024, Itaipú solicitó el comisionamiento de Paniagua al MEC. Apenas dos semanas más tarde, Bettina Aguilera abandonó Fuerza Republicana y se pasó a Honor Colorado, movimiento liderado por Horacio Cartes. La coincidencia temporal refuerza la lectura de que el beneficio salarial fue el precio político de la alineación partidaria.

Mientras acumula ingresos públicos, Paniagua es parte del grupo de seis concejales que mantiene paralizada la Junta Municipal hace más de un mes. Cinco sesiones consecutivas quedaron sin quórum por la ausencia deliberada de los ediles que responden al intendente Miguel Soria. El objetivo: imponer a toda costa su candidato a la presidencia de la Junta, un puesto clave que concede voto de desempate.

Los ausentes —Carlos Alfonso, Reinaldo Ozuna, Adelquis Villalba, Alejandro Acosta, Rosa Paniagua y Marcos Mello— cobran íntegros sus salarios mientras el municipio se hunde en la inacción. Itakyry es uno de los distritos más pobres de Alto Paraná, con necesidades urgentes en infraestructura, salud y asistencia social. Sin embargo, los concejales priorizan sus intereses partidarios sobre cualquier responsabilidad con la comunidad.

La diputada Bettina Aguilera también carga con cuestionamientos por su escasa productividad legislativa, otro reflejo de un modelo político que premia la obediencia antes que el trabajo. Madre e hija encarnan una lógica donde los cargos públicos funcionan como un mecanismo de recompensa interna, mientras la ciudadanía financia salarios que no retornan en ningún servicio útil.

El caso Paniagua deja al descubierto un patrón que se repite en distintos niveles del Estado: privilegios, ausentismo, comisionamientos sin mérito y protección partidaria. Todo esto se sostiene mientras la población enfrenta dificultades económicas cada vez más duras y observa cómo los recursos públicos se destinan a sostener estructuras que no generan ningún beneficio real.