Las lluvias de los últimos días volvieron a exponer la inoperancia de las autoridades de Minga Guazú, encabezadas por el intendente Diego Ríos, quien insiste en buscar la reelección pese a la larga lista de denuncias que arrastra su administración.

A la falta total de respuestas en servicios básicos se suma un historial de cuestionamientos que ya está documentado en el ámbito penal y administrativo. En 2025, el jefe comunal fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por los hechos punibles de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, junto al concejal José Mercedes Silguero. La denuncia señala irregularidades cometidas desde 2022, con contratos direccionados y adjudicaciones “amigables” que habrían generado un perjuicio millonario para las arcas municipales.

Uno de los casos más citados es el de la empresa Infominga, que recibió 13 contrataciones en tres años, de las cuales 8 fueron adjudicaciones directas, por un monto superior a G. 2.200 millones. Pese a estas cifras, los barrios siguen sumidos en el abandono y la falta de obras visibles.

La Contraloría General de la República también detectó graves inconsistencias en la administración de Ríos:

• Falta de una cuenta exclusiva para el ingreso del impuesto inmobiliario, dejando G. 535 millones sin trazabilidad.
• Contrataciones de personal por G. 126 millones sin órdenes de compra ni notas de pedido.
• Transferencias a instituciones por G. 753 millones sin documentación respaldatoria.

A lo anterior se suma un endeudamiento acelerado: la municipalidad aprobó cinco préstamos que superan los G. 6.000 millones, sin que ese dinero se traduzca en mejoras palpables para la comunidad.

La realidad en las calles habla por sí sola. Cada lluvia deja barrios enteros aislados, con caminos intransitables y vecinos que deben enfrentarse al barro para cumplir tareas básicas. La falta de caminos de todo tiempo es un reclamo histórico, ignorado sistemáticamente por las actuales autoridades.

Mientras tanto, en la comuna reina el silencio. El intendente y varios concejales están más enfocados en campañas proselitistas fuera de tiempo, desatendiendo los problemas urgentes de la población que los eligió.

En este escenario, la intervención del Estado en Minga Guazú se vuelve una necesidad urgente ante una administración que acumula denuncias, deudas y abandono ciudadano, y que mantiene al distrito estancado en problemas básicos que impiden su desarrollo.