El proceso judicial que involucra a Marco Emanuel González, acusado por un supuesto robo agravado de equipos de criptominería, destapó una crisis estructural en la Circunscripción Judicial de Cordillera, donde abogados y víctimas exigen una auditoría completa y la destitución inmediata del presidente del Consejo de Administración Judicial.
El reclamo cobró fuerza tras las actuaciones del Tribunal de Apelaciones encabezado por el juez Carlos Cabriza, que decidió mantener la prisión preventiva del acusado a pesar de que el Ministerio Público ya no la consideraba necesaria. Para los denunciantes, este tipo de resoluciones refleja arbitrariedad, falta de control interno y ausencia de transparencia en la administración de justicia.
A las críticas contra el Tribunal se suma la detención del fiscal de Emboscada, Bernardo Elizaur Aguirre, quien fue sorprendido infraganti en una entrega vigilada de dinero, presuntamente a cambio de favores dentro de un proceso a su cargo. Este hecho agravó la percepción de corrupción y descomposición institucional dentro del sistema judicial de Cordillera, al involucrar a representantes del Ministerio Público en prácticas ilícitas directamente relacionadas con la causa.
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Abogados y litigantes señalan que la actual conducción del Consejo de Administración bloquea denuncias y protege intereses internos, lo que impide la depuración del sistema. Consideran que mientras su presidente permanezca en el cargo, las quejas por irregularidades no serán atendidas ni investigadas con imparcialidad.
También se exige una auditoría jurisdiccional y administrativa a la Cámara de Apelaciones, cuyos fallos son considerados inconsistentes y poco fundamentados. Otro punto denunciado es la ausencia reiterada de los camaristas en sus despachos, lo que obstaculiza audiencias, consultas y la atención al público, vulnerando el derecho al debido proceso.
Los denunciantes solicitaron al Superintendente de la Corte Suprema de Justicia una intervención urgente que incluya la destitución del titular del Consejo y una revisión integral del funcionamiento judicial en la región. Aseguran que solo una acción directa de la máxima instancia judicial puede restablecer la confianza ciudadana en el sistema.
El caso González, originado tras el asalto tipo comando del 27 de abril de 2025 en una granja minera de Altos, donde fueron robadas 360 máquinas de criptominería valuadas en más de USD 700.000, reveló las graves deficiencias de control y ética en la justicia de Cordillera. El hallazgo de parte de los equipos en Ciudad del Este y la posterior detención del fiscal Maciel terminaron por encender las alarmas sobre la magnitud de la crisis judicial.