Ciudad del Este. La Junta Municipal aprobó este miércoles la Resolución N° 223/2025, mediante la cual declara ilegal e inconstitucional el pedido de intervención promovido por la Contraloría General de la República (CGR) contra la Municipalidad local. La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria y acompañada de un enérgico repudio al proceder del organismo de control, al que acusan de actuar con fines políticos y sin fundamentos jurídicos válidos.
La resolución fue impulsada por los concejales Valeria Romero, Oscar González, Sebastián Martínez, María Portillo, Pedro Acuña, Víctor Torales y Alison Anisimoff. En el documento, se acusa a la CGR de «omitir procedimientos legales, desconocer atribuciones de la Junta Municipal y violar principios constitucionales», especialmente los que garantizan la autonomía de los gobiernos municipales.
El texto sostiene que la solicitud de intervención no se basa en hechos punibles, sino en supuestas faltas administrativas que no justifican una medida de tal gravedad. Además, se denuncia que la Contraloría invalidó rendiciones de cuentas aprobadas por la Junta sin permitir defensa previa, lo que constituye una violación del debido proceso legal.
«La Contraloría pretende asumir competencias que corresponden a otros órganos del Estado, en especial a las Juntas Municipales», afirma el pronunciamiento. Según los concejales, este tipo de actuaciones generan un nefasto precedente institucional y afectan la credibilidad y objetividad del organismo de control.
La resolución también ordena remitir una nota oficial al presidente del Congreso Nacional y al presidente de la Cámara de Diputados, instando a que se rechace el pedido de intervención por considerarlo carente de sustento legal y técnico.
Cabe aclarar que la Junta Municipal no posee facultades legales para declarar “ilegal” o “inconstitucional” un pedido de intervención, ya que estas son atribuciones exclusivas del Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia. La resolución aprobada tiene un carácter político y simbólico, sin efectos jurídicos vinculantes sobre la decisión que deba tomar el Congreso Nacional.