Transportistas de cargas menores se reunieron con autoridades aduaneras paraguayas en Ciudad del Este para analizar las implicancias de una medida anunciada por Brasil, que pretende exigir que cada camión con mercaderías con destino a Paraguay cuente con un Manifiesto Internacional de Carga (MIC).

El documento, cuya tramitación cuesta aproximadamente G. 1.400.000 por viaje, representa un gasto elevado para los transportistas paraguayos que operan con cargas de hasta 3.000 kilos, principalmente de productos como cerámicas, azulejos y juegos de baño.

Según Iván Airaldi, vicecónsul de Paraguay en Foz de Iguazú, la mayoría de los transportistas afectados no podrían afrontar ese costo en cada viaje. «Es inviable porque pagar ese monto en cada viaje les resultará muy oneroso», explicó.

Ever Rodríguez, presidente de la Asociación de Transporte Internacional, advirtió que la exigencia brasileña no solo implica el pago del MIC, sino que además obligaría a los transportistas a declarar que están trasladando 8.000 kilos de carga, lo que supondría su ingreso a puerto seco, donde deberían esperar la verificación y despacho bajo el mismo régimen que los camiones de gran tonelaje.

«Eso hará que nuestro trabajo se extinga, nadie podrá aguantar el costo y el tiempo que se demora con ese régimen», afirmó Rodríguez. También señaló que ninguno de los transportistas de despachos menores cuenta con habilitación internacional, lo que haría imposible adecuarse a la nueva exigencia.

Rodríguez indicó que en el Puente de la Amistad alrededor de 750 personas trabajan en el transporte de cargas menores, por lo que la implementación de esta medida traería consigo un gran problema social, ya que afectaría a miles de personas.

En el lado brasileño, exportadores y comerciantes también están en alerta, ya que sus ventas dependen en gran medida de los compradores paraguayos. La Asociación Comercial e Industrial de Foz de Iguazú (ACIFI) también se opone a la medida y pretende sumarse a la comitiva que viajará a Brasilia para tratar de frenar su puesta en vigencia.

La normativa es impulsada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) de Brasil, que busca implementarla en los próximos meses.

El vicecónsul Iván Airaldi anunció que una comitiva interinstitucional paraguaya tiene previsto viajar a Brasilia para discutir el tema con autoridades federales del vecino país y buscar una alternativa que alivie el impacto sobre los transportistas.

Por el momento, la aplicación de la medida ha sido prorrogada hasta los primeros días de junio, lo que permitirá agotar todas las instancias de negociación.