Los cierres de ruta encabezados por exobreros de Itaipú Binacional continúan generando molestias entre los automovilistas y ciudadanos que transitan sobre la ruta PY07. La medida de fuerza se da en reclamo del pago de beneficios laborales que, según los manifestantes, les fueron negados durante la construcción de la hidroeléctrica.

Según datos proveídos por los organizadores de la protesta, el grupo está compuesto por aproximadamente 16.000 exobreros que exigen una indemnización que ronda los 940 millones de dólares. Alegan que los pagos pendientes corresponden a derechos laborales que no fueron reconocidos en su momento.

Las manifestaciones se realizan de forma intermitente en puntos estratégicos de la ruta PY07, afectando el acceso a Hernandarias y otras zonas claves para el desplazamiento vehicular. La situación ha generado numerosas quejas por parte de la ciudadanía, que exige a las autoridades que se garantice el libre tránsito y se eviten los bloqueos.

La Policía Nacional ha recibido reiterados pedidos de intervención para liberar la vía y asegurar la circulación normal de los vehículos. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado acciones concretas para disolver las protestas de manera definitiva.

Desde Itaipú Binacional reiteraron que la entidad no tiene responsabilidad directa en los reclamos, ya que los exobreros eran empleados de empresas contratistas y subcontratistas. Según informaron, cualquier obligación laboral hacia estos trabajadores ya ha prescrito y no existen vínculos legales con la hidroeléctrica.

En 2022, el Poder Ejecutivo vetó una ley que buscaba otorgar una compensación histórica a estos exobreros, argumentando que la medida era inconstitucional y que el impacto económico para el Estado sería considerable.

Los ciudadanos afectados por los cortes de ruta instan a las autoridades a hacer valer las leyes que protegen el libre tránsito y a buscar una solución definitiva que evite perjuicios a la mayoría de la población.

Según denunciaron algunos exobreros, la mayoría de ellos adultos mayores, han sido manipulados por abogados inescrupulosos que fungen de líderes del grupo, aprovechándose de su situación para beneficio propio. A esto se suman políticos oportunistas que, en momentos electorales, lanzaron promesas de ayudarles a conseguir sus reclamos, generando expectativas que hasta ahora no se han concretado.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció una renovación del mobiliario escolar en instituciones públicas con el respaldo de Itaipú Binacional. La licitación, que adjudicó 248 mil millones de guaraníes para la compra de 330.000 conjuntos de mesas y sillas, ha sido objeto de fuertes críticas debido al proceso de selección y la empresa beneficiada.

Según la información oficial, esta adquisición permitirá renovar el 90 % del mobiliario en las escuelas y colegios del país. La binacional destacó que la compra se realizó mediante el mecanismo de subasta a la baja presencial, logrando un ahorro del 10 % sobre el presupuesto previsto, equivalente a 3,5 millones de dólares.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que la entrega de los muebles se hará en dos tandas: la primera entre abril y mayo, y la segunda en agosto con 150.000 unidades adicionales. Asimismo, enfatizó que ya no se utilizarán muebles de madera, sino materiales más prácticos y fáciles de limpiar.

Cuestionamientos sobre la adjudicación
A pesar del anuncio oficial, la adjudicación ha sido blanco de críticas desde distintos sectores. Los principales cuestionamientos apuntan a la empresa adjudicada, Kamamya S.A., de origen chino pero con registro en Paraguay, así como a las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso.

Se cuestiona si Kamamya S.A. tiene la capacidad y experiencia suficiente en la fabricación de mobiliario escolar. La firma, que opera en Paraguay desde 2008, se dedica a la producción de diversos artículos, entre ellos frazadas, colchas y medias, además de mesas y sillas.

Se informó que la empresa recién solicitó la renovación de su permiso de fabricación de mobiliario escolar en 2023, lo que genera dudas sobre su trayectoria en el sector.

Industriales paraguayos expresaron su malestar porque la licitación no priorizó a empresas locales con años de experiencia en la fabricación de mobiliario escolar. Sostienen que esto afecta a la industria nacional y que la adjudicación a una firma extranjera podría significar la salida de millones de dólares del país.

Algunos sectores han advertido que el proceso de subasta a la baja presencial pudo haber favorecido a Kamamya S.A., ya que contaba con stock previo de materiales adquiridos con antelación.

Se plantean dudas sobre si la empresa podrá entregar en tiempo y forma las 330.000 unidades en las fechas estipuladas. No se ha especificado cuál será el mecanismo de control para verificar la calidad y la entrega en los plazos anunciados.

Respuesta oficial de Itaipú y del MEC
Desde Itaipú sostienen que el proceso fue transparente y competitivo, asegurando que la empresa adjudicada cumple con todos los requisitos legales y técnicos. La binacional enfatizó que la firma tiene capacidad financiera, operativa y técnica para cumplir con el contrato.

Por su parte, el MEC justificó la elección de los nuevos materiales en los muebles escolares, destacando que responden a estándares internacionales de calidad y a necesidades actuales de los estudiantes.

Sin embargo, gremios docentes, empresarios del sector y algunos legisladores han manifestado su intención de solicitar más información sobre la licitación y el cumplimiento de los contratos.

Una audiencia pública para debatir la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer se realizará este miércoles 5 de marzo, a partir de las 10:00, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

El encuentro es organizado por la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien destacó la importancia de la iniciativa. “Este proyecto busca garantizar un proceso más ágil y especializado para las mujeres víctimas de violencia, evitando su revictimización”, afirmó.

El documento ya cuenta con media sanción del Senado. En la Cámara de Diputados existen dictámenes favorables y propuestas de modificación que serán analizadas en la audiencia.

La iniciativa busca fortalecer la aplicación de la Ley N° 5.777/16, de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Plantea la creación de una jurisdicción especializada en violencia contra la mujer, integrada por juzgados de primera instancia y tribunales especializados, encargados de atender y resolver los casos relacionados con este tipo de hechos.