El empresario Long Jiang, propietario de la maquiladora Hoahi S.A., ha sido reiteradamente denunciado por explotación laboral y violaciones al Código Laboral paraguayo. Sin embargo, su empresa sigue operando con impunidad y accediendo a licitaciones estatales millonarias, gracias a su estrecha relación con figuras del poder político.

Según fuentes cercanas, Jiang mantiene vínculos directos con el abogado Blas Pereira, un hombre de confianza del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Pereira, conocido por su historial de tráfico de influencias, especialmente en el ámbito judicial, actuaría como intermediario entre Jiang y las más altas esferas del poder, garantizando la protección de sus intereses económicos y minimizando el impacto de las denuncias en su contra.

Blas Pereira ha construido su carrera a partir de su cercanía con influyentes políticos y empresarios. Fue jefe de gabinete de los exintendentes de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod, y su hermano, el juez Juan Pereira, ocupa un puesto clave en el Poder Judicial. Esta red de contactos le permite mover influencias a favor de empresarios que, como Long Jiang, enfrentan cuestionamientos pero gozan de respaldo institucional.

Los informes señalan que Pereira utiliza su conexión con Pedro Alliana para garantizar que Hoahi S.A. no enfrente sanciones significativas por sus prácticas laborales. A pesar de las múltiples denuncias de empleados sobre jornadas extenuantes sin pago de horas extras, despidos arbitrarios y condiciones insalubres, los organismos encargados de velar por los derechos laborales han hecho caso omiso a los reclamos.

Además, bajo esta estructura de influencias, Jiang logró que su empresa fuera beneficiada con adjudicaciones estatales millonarias. Una de las más recientes supera los 30 millones de dólares, lo que refuerza las sospechas sobre el poder de sus conexiones políticas.

Pese a las reiteradas denuncias, en 2024 el Gobierno reconoció públicamente a Hoahi S.A. por su supuesto aporte al empleo en Paraguay. Esta distinción, que habría sido gestionada por Blas Pereira con el aval de Pedro Alliana, generó indignación en sectores sindicales y organizaciones laborales, que denunciaron la complicidad del Estado en la vulneración de los derechos de los trabajadores.

Pero el reconocimiento de Hoahi no se limita solo a las autoridades gubernamentales. A pesar de los cuestionamientos sobre su operativa y las múltiples denuncias, la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, de la cual Hoahi S.A. es socio, otorgó a la empresa el reconocimiento como la maquiladora con el mayor número de empleados. Este premio ha sido visto como una muestra más de cómo las relaciones empresariales y políticas se entrelazan para mantener a empresas como Hoahi S.A. en una posición privilegiada, a pesar de sus prácticas cuestionables.

La falta de sanciones contra Jiang y su empresa pone en evidencia la protección política de la que goza. Mientras tanto, los empleados de Hoahi S.A. siguen trabajando en condiciones precarias sin que las autoridades intervengan de manera efectiva.

El caso de Long Jiang y su conexión con Blas Pereira y Pedro Alliana refleja un esquema donde el poder político y económico se entrelazan para garantizar impunidad y beneficios exclusivos a determinados empresarios. Esta estructura de tráfico de influencias permite que compañías con un historial de abusos laborales sigan operando sin restricciones y, en algunos casos, sean incluso premiadas por el Gobierno y otras entidades empresariales.

A pesar de las múltiples denuncias contra Hoahi S.A. y su propietario, la ausencia de sanciones demuestra el peso de las relaciones políticas en Paraguay. Mientras los trabajadores continúan siendo víctimas de explotación, las redes de corrupción siguen fortaleciendo su control sobre el aparato estatal, asegurando privilegios para unos pocos a costa del bienestar de la mayoría.

Lisa Jiang Juying, madre de Long Jiang, recibiendo un reconocimiento de la CEMAP.