Residentes de Minga Guazú analizan la posibilidad de movilizarse contra el aumento del peaje en el km 26 de la ruta PY02. La falta de respuesta del intendente Diego Ríos ante el reclamo ciudadano ha generado un creciente malestar, especialmente entre transportistas, deliverys y productores hortigranjeros, quienes aseguran que la suba afecta directamente su economía.

Mientras en otros municipios los intendentes han encabezado protestas exigiendo una reducción en la tarifa, en Minga Guazú la ausencia de gestión municipal ha obligado a los afectados a organizarse de manera independiente. Además de las manifestaciones, los mingueros evalúan presentar acciones legales y habilitar un camino alternativo a la altura de la calle 2000 para evitar el cobro del peaje.

Transportistas cuestionan que la concesionaria Tape Porã haya implementado el incremento sin un diálogo previo ni un estudio sobre su impacto económico. A pesar de las advertencias de la empresa sobre posibles denuncias penales en caso de bloqueos, los afectados insisten en que tomarán medidas para revertir la situación.

Este miércoles, en el barrio Fátima del distrito de Juan León Mallorquín, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) clausuró la radioemisora Virgen de Fátima FM por operar sin licencias legales.

El operativo, encabezado por el oficial de justicia Marcelo Berreto Herebia, se realizó con el respaldo de una orden emitida por la jueza Marisa Vargas Jacquet. Agentes de la Comisaría 10ª también participaron en el procedimiento para garantizar el orden público. La radio, ubicada en la calle Paz del Chaco, a unos 5 kilómetros de la Ruta PY02, fue intervenida sin que se registraran incidentes.

Aunque CONATEL justificó la medida como parte de su responsabilidad de regular el espectro radioeléctrico, los vecinos del barrio lamentaron el cierre de un medio que consideraban vital para la comunidad. Algunos señalaron que las “radios pirata” suelen llenar vacíos de comunicación en zonas alejadas o con poca cobertura de medios tradicionales.

Este caso vuelve a poner en debate sobre el equilibrio entre la necesidad de regulación y la importancia de garantizar espacios para la expresión comunitaria.

Los bomberos voluntarios de Hernandarias atraviesan un momento crítico. A través de un comunicado, alertaron a la ciudadanía sobre la grave situación que están enfrentando debido a la falta de pagos de la Municipalidad.

Según explicaron, llevan desde julio sin recibir el dinero correspondiente a los aranceles que los contribuyentes pagan. Esta falta de recursos ya provocó que varios vehículos, como camiones de bomberos y ambulancias, quedaran fuera de servicio porque no tienen cómo cubrir los costos de mantenimiento, combustible y otros insumos básicos.

«Estamos haciendo lo posible para seguir operativos, pero se está volviendo muy difícil», mencionan en el comunicado. Los bomberos recalcaron que son una organización sin fines de lucro y que dependen de estos pagos para poder trabajar.

«Hernandarias no se merece ser una ciudad sin bomberos», afirman con preocupación, explicando que harán lo posible por seguir atendiendo llamados de emergencia, pero pidieron comprensión a la población si en algún momento no logran responder.

La situación ya está afectando directamente la capacidad de respuesta de los voluntarios, y temen que, si no se toman medidas urgentes, la ciudad quede desprotegida ante incendios, accidentes u otras emergencias.

Finalmente, los bomberos hicieron un llamado a las autoridades y a la ciudadanía, recordando que siempre estuvieron presentes cuando se los necesitó, y ahora son ellos los que necesitan del apoyo de todos.