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Policiales y Judiciales

Fiscalía acusa a Miguel Prieto y colaboradores por lesión de confianza y administración en provecho propio

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El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras diez personas en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades durante su gestión. La fiscalía solicita que el caso sea elevado a juicio oral y público, tras concluir la etapa investigativa.

Según el escrito de la acusación, Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, también imputado en el caso, habrían incurrido en los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, tipificados en el Código Penal y en la Ley 2523. Además, se les atribuye la formación de una asociación criminal. La fiscalía los señala como autores directos de los hechos investigados.

En el mismo expediente están involucradas otras ocho personas, entre ellas funcionarios y colaboradores de la administración de Prieto, a quienes también se les acusa de haber participado en los mismos delitos, aunque en calidad de cómplices.

El equipo de fiscales especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas Acevedo y María Verónica Valdez, sostiene que las irregularidades habrían ocurrido durante la gestión de Prieto en la Intendencia de Ciudad del Este, aunque no se especifican en detalle los hechos en este documento presentado ante el Juzgado de Garantías de Delitos Económicos.

Entre los acusados se encuentran Buenaventura Morinigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo, quienes también enfrentan cargos por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

La fiscalía solicita que todos los acusados enfrenten un juicio oral, donde se presentarán las pruebas recabadas durante la investigación, que buscan demostrar las responsabilidades en los hechos denunciados.

El caso, que ha tenido gran repercusión en la región, continúa avanzando en el ámbito judicial, a la espera de la decisión del juez penal de garantías, Humberto Otazu, sobre si dará lugar a la elevación a juicio oral.

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Gobierno entrega 20 patrulleras para reforzar la seguridad en Alto Paraná

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El Gobierno entregó 20 patrulleras nuevas al departamento de Alto Paraná con el objetivo de mejorar la seguridad en la región. Los vehículos, adquiridos con recursos de ITAIPU Binacional, fueron presentados en un acto realizado en la Gobernación, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.

Con esta nueva flota, el número de patrulleras en el décimo departamento llega a 40, ya que en septiembre pasado se entregaron otras 20 unidades. El director técnico de ITAIPU, Hugo Zárate, subrayó que el fortalecimiento de la seguridad no solo protege a los ciudadanos, sino que también es clave para atraer inversiones.

“Hoy estamos cumpliendo una indicación directa del presidente Santiago Peña: apoyar a la Policía Nacional para que cumpla con su tarea. Esto también es parte del esfuerzo por consolidar un país más seguro y con oportunidades”, afirmó Zárate.

Por su parte, el gobernador César “Landy” Torres agradeció el constante respaldo de ITAIPU al Alto Paraná. “Es la primera vez que se hace una inversión de este nivel para la seguridad de nuestra región. Con estas patrulleras, ya cubrimos el 80% de los distritos, y eso es un gran avance”, destacó Torres.

El plan de seguridad, que incluye esta entrega, forma parte de un proyecto más amplio financiado por ITAIPU con un presupuesto de USD 97 millones hasta 2028. Entre las acciones ya realizadas, se cuentan la entrega de 250 patrulleras, 100 motocicletas y 1.500 chalecos antibalas, con una inversión inicial de USD 12 millones.

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Fiscalía pide prisión preventiva para hombre acusado de matar a su pareja

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El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Moisés Domínguez Sánchez, de 32 años, acusado de asesinar a su pareja, Lucía Garcete Duarte, durante una discusión en su casa del barrio San Miguel, Hernandarias.

El caso, que ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre, conmocionó a la comunidad. Según el acta de imputación, Domínguez usó un destornillador para atacar a Garcete, provocándole heridas graves en la cabeza. La víctima logró salir de la casa para pedir ayuda, pero se desplomó a unos 50 metros y murió en el lugar.

El informe forense indicó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico causado por las heridas. El cuerpo de Garcete fue entregado a su padre tras el examen correspondiente.

Luego del ataque, Domínguez huyó, pero fue visto horas después en el barrio Santa Bárbara, donde vecinos lo escucharon decir que se entregaría a la policía o se quitaría la vida. Finalmente, fue arrestado por agentes policiales tras una orden emitida por la fiscal Natalia Montanía.

La fiscalía lo imputó por feminicidio y homicidio doloso, delitos que podrían costarle hasta 30 años de cárcel. Actualmente, está detenido a disposición del Juzgado Penal de Garantías, mientras la investigación sigue su curso.

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Matan a tiros a un joven en el barrio San Roque

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Ciudad del Este. Un joven de 20 años fue asesinado a tiros este mediodía en el barrio San Roque. La víctima, identificada como José Antonio Fernández Mancuello, fue encontrada en una calle empedrada del vecindario, sin vida y con heridas de bala, según el informe policial.

Vecinos de la zona relataron que escucharon disparos cerca de las 12:30 y al salir encontraron al joven tendido en el suelo. Pese a que se dio aviso inmediato a las autoridades, José Antonio falleció antes de recibir atención médica.

Agentes de la Subcomisaría 2ª del barrio Fátima llegaron al lugar tras una llamada de emergencia. Personal policial, encabezado por el suboficial inspector Carlos Aguayo, confirmó el fallecimiento y aseguró la escena mientras se aguardaba la llegada del Ministerio Público, representado por la fiscal Olga Melgarejo, y el médico forense de turno.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Criminalística, mientras los autores del crimen siguen prófugos. Los agentes policiales siguen recabando datos para identificar a los responsables y el motivo del ataque.

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