El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, declaró ante el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta en el marco de una investigación sobre supuestas compras irregulares de insumos para panificados durante la pandemia de COVID-19. Prieto negó las acusaciones y afirmó que el proceso tiene motivaciones políticas.

Según Prieto, las adquisiciones se realizaron de manera transparente y conforme a las normas vigentes. Durante su comparecencia, presentó documentos que, según él, demuestran la legalidad de las compras. También manifestó su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Sin embargo, la Fiscalía concluyó el proceso sobre un presunto fraude en una licitación vinculada a la gestión de Prieto. El fiscal Alcides Corbeta afirmó que cuentan con suficientes elementos incriminatorios y aclaró que su trabajo es investigativo, no político, en respuesta a los señalamientos del intendente, quien sigue sosteniendo que las acusaciones forman parte de una persecución.

La Dirección Nacional de Investigación Técnica (DNIT) descubrió irregularidades en la trazabilidad de los productos, lo que evidenció que no hubo una provisión real de mercaderías. Además, se detectó que una de las empresas beneficiadas en la licitación pertenece a un imputado, y que su sobrina fue una de las oferentes.

La Fiscalía prepara la imputación por posible corrupción, basándose en los hallazgos de desvío de recursos públicos en la licitación. A pesar de estas acusaciones, Prieto ha recibido apoyo de varios sectores que consideran que las denuncias responden a intereses políticos.