La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emitió un listado de intendencias que no han remitido informes sobre los procesos de compras de insumos para la merienda escolar, solicitados por la Comisión Permanente del Congreso. Alto Paraná no quedó exento de la lista, ya que tres municipios forman parte de las administraciones que se niegan a entregar los informes. Ñacunday, Juan E. O’Leary y San Alberto forman parte de las 820 administraciones denunciadas por la DNI.

El documento señala que, durante el proceso investigativo, se solicitaron informes sobre la relación circunstanciada de hechos, una estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado, y la confirmación de la ejecución de garantías otorgadas (mantenimiento de oferta, anticipo, fiel cumplimiento de contrato, desempeño profesional, según corresponda).

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas comunicó que esperarán a que las denuncias sigan su curso en la Contraloría General de la República (CGR) y, de ser necesario, serán remitidas al Ministerio Público para una investigación penal y para llegar al fondo de los hechos. Intentamos comunicarnos con los titulares de los municipios afectados, pero hasta la fecha no han respondido a nuestros llamados.

Cabe recordar que hace un par de semanas se anunció la reforma de la Ley de Fonacide para que los fondos vuelvan a ser administrados por el gobierno central, atendiendo a las innumerables denuncias de malversación y corrupción por parte de las municipalidades. Esta medida fue duramente cuestionada por los intendentes, quienes la calificaron como un retroceso en el proceso de descentralización.