La agente fiscal Vivian Coronel ha formulado cargos en contra de Rafael “Mbururú” Esquivel, acusándolo de presuntamente haber abusado de una niña de 12 años en el año 2019. Este proceso legal se centra en las acusaciones de abuso sexual infantil, con Esquivel siendo señalado como el autor principal. Además, la madre de la adolescente en cuestión también enfrenta acusaciones por complicidad.

De acuerdo con los hechos relatados, el presunto abuso habría tenido lugar entre los meses de junio y julio de 2019 en el interior del motel Samoa, ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Supuestamente, la madre de la víctima habría ordenado que su hija acompañara a Esquivel al mencionado lugar, donde se habría producido el abuso sexual.

La denuncia salió a la luz el 7 de marzo de 2023 cuando la Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia informó a la Fiscalía sobre un presunto caso de proxenetismo en el que la menor habría sido víctima, con su propia madre siendo señalada como la supuesta responsable. Tras la intervención del Ministerio Público, se sometió a la adolescente, quien actualmente tiene 16 años, a un examen médico forense, el cual reveló evidencia de un «desgarro antiguo de himen».

Además, la víctima recibió apoyo de un profesional del Centro de Atención a Víctimas, durante el cual confesó que fue forzada por su madre a mantener relaciones sexuales con Rafael Esquivel. También afirmó que su progenitora había recibido dinero a cambio de permitir que el acusado abusara de ella.

El 31 de marzo de 2023, la víctima ratificó plenamente las acusaciones de abuso sexual durante su testimonio ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes. Como resultado, la fiscal Vivian Coronel procesó a ambos presuntos responsables, quienes actualmente están detenidos y enfrentan posibles condenas de prisión significativas.

A lo largo del período estipulado por el Juzgado, la Fiscalía Especializada recopiló pruebas sólidas contra los acusados. Estas pruebas incluyen el testimonio de la víctima ante la unidad fiscal, el informe del médico forense, una evaluación psicológica y la declaración realizada en la Cámara Gesell como parte del proceso de recolección de pruebas anticipadas.

El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado de Garantías Nº 5, bajo la supervisión de la magistrada Cinthia Garcete Urunaga. La representación pública ha solicitado que el caso sea elevado a juicio oral.