Tres hombres denunciaron haber sido prácticamente secuestrados, golpeados, amenazados y extorsionados por policías de civil pertenecientes a la comisaría 23 de CDE. Fueron liberados tras pagar parte de los G. 10 millones que les exigieron los presuntos policías. La referida comisaría fue desmantelada tras la denuncia.
Según el relato de una de las víctimas, el menor del grupo había contactado con una mujer a través de las redes sociales, con la cual habían pactado un encuentro en un lugar específico del barrio La Blanca. No obstante, el encuentro se tornó en una situación totalmente diferente cuando los tres hombres fueron interceptados por individuos que se movilizaban en dos vehículos particulares.
El incidente ocurrió durante la noche del sábado, cerca de las 23 horas. En medio de la oscuridad, dos autos particulares se cruzaron en el camino de las víctimas cuando llegaban a la dirección indicada por la mujer.
El relato del afectado continúa: «Nos llevaron a la comisaría de Las Carmelitas, no me permitieron hablar, yo quería hablar, pero continuaron agrediéndome. A mis amigos les presionaron para que confesaran que llevaban droga». La presunta coacción por parte de los individuos que se presentaron como agentes de la ley se llevó a cabo con violencia y amenazas.
En medio de la situación, los tres hombres fueron acusados de tráfico de drogas por los mismos individuos que los habían interceptado. «Éramos tres personas, los policías nos acusaron de tráfico de drogas», declaró el denunciante.
El denunciante menciona que la pesadilla continuó cuando los policías les advirtieron que serían llevados ante la fiscalía, pero con una condición económica. «Nos dijeron que nos iban a llevar a la fiscalía y luego nos exigieron 10 millones de guaraníes para dejarnos en libertad».
El relato se torna aún más sombrío cuando el denunciante revela que incluso su sobrino de 16 años no se salvó del acoso policial: «A mi sobrino de 16 años le presionaron mucho para que confesara que vendíamos droga».
La situación finalmente se resolvió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, después de que las víctimas cedieran a las amenazas y demandas económicas. «Solamente nos liberaron luego de pagar 1.500.000 guaraníes. Mi cuñado me dio 500 reales y a otro amigo le quitaron 500 mil luego de empeñar su moto. Así juntamos esa suma para que nos dejaran en libertad».
A raíz de la denuncia, los jefes policiales de la zona tomaron medidas drásticas y desmantelaron la comisaría 23a., poniendo al personal a disposición del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.