InicioFronteraDetienen a policías federales tras ser acusados por desvío de mercaderías incautadas

Detienen a policías federales tras ser acusados por desvío de mercaderías incautadas

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La Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal – a través de su Oficina de Integridad, lanzaron este jueves la Operación Spoliare, para desarticular un esquema que involucra a funcionarios públicos sospechados de desviar sistemáticamente mercaderías incautadas, además de facilitar acciones de particulares involucrados en contrabando y evasión.

La investigación comenzó con la Oficina de Integridad de la Policía Rodoviaria Federal y evolucionó hacia la apertura de un procedimiento en la Policía Federal, contando con el apoyo del Ministerio Público. En esta fase operativa de las investigaciones, más de 150 agentes federales y 56 agentes federales llevaron a cabo 32 órdenes de registro y decomiso, siete órdenes de arresto preventivo, 11 órdenes de suspensión del servicio público y dos órdenes de embargo de bienes.

Las acciones se llevaron a cabo en las ciudades de Foz de Yguazú, Santa Terezinha de Itaipú, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Céu Azul, Cascavel, Toledo, Telêmaco Borba, Curitiba y São Paulo. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Tercer Juzgado Federal de Foz.

De las siete órdenes de arresto preventivo emitidas, cuatro fueron contra agentes de la Policía Rodoviaria Federal – uno de ellos ya jubilado- y tres contra particulares. Otros siete agentes de esa misa corporación investigados serán suspendidos de sus funciones y enfrentarán un proceso disciplinario administrativo interno, que podría resultar en la pena de despido, respetando el debido proceso legal.

Según datos, se pudo recopilar pruebas de que los involucrados realizaban ventas de los productos en plataformas de comercio electrónico o contaban con la ayuda de particulares para dar destino al material, que normalmente se enviaba al Estado de São Paulo.

Los funcionarios públicos involucrados responderán por delitos funcionales tipificados como crímenes contra la Administración Pública y, si son condenados, estarán sujetos a penas máximas que sumadas superan los 30 años de prisión. Los particulares, que en varias situaciones actuaron en complicidad con ellos, también serán procesados penalmente por sus conductas.

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