La agente fiscal Diana Gómez presentó imputación por robo agravado contra dos presuntos implicados en el asalto a mano armada a un local comercial del mercado de abasto de Ciudad del Este. Además, inició proceso penal contra un tercer sospechoso por reducción y transgresión de ley de armas. La fiscal solicitó la prisión preventiva para todos ellos.
Los imputados son Ángel Gabriel Cabañas Fariña (23), alias «Polaco»; Elbadio Ramón Ortiz González (20) y Richard Fabián Ortiz Acosta (19). Los dos primeros enfrentan cargos por el hecho punible contra la propiedad, mientras que el último está sindicado por el hecho punible contra la restitución de bienes.
Según la investigación, el asalto armado tuvo lugar el pasado 12 de junio, a las 01:45 horas, en el comercio «Miranda Cell», ubicado en la calle Leonardo Britos casi 1º de Mayo del barrio Obrero de la capital del Alto Paraná. El establecimiento es propiedad de Rubén Miranda Garcete.
En ese momento, tres sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar y amenazaron al guardia de seguridad Erisio Arzamendia Oviedo, a quien golpearon en la cabeza con la culata de un arma, causándole lesiones. Luego, le arrebataron su arma de fuego, un revólver calibre 22mm.
Posteriormente, forzaron la puerta de acceso al local y sustrajeron 155 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, así como la recaudación del día anterior, que ascendía a aproximadamente 12 a 15 millones de guaraníes. También se llevaron consigo una pistola calibre 9mm, un dron DJI y otras pertenencias, según consta en la denuncia.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público y la Policía Nacional llevaron a cabo varios allanamientos, lo que derivó en la detención de los ciudadanos Ángel Cabañas y Elbadio Ortiz, quienes se presume son los autores del asalto. Durante los registros, se incautaron diversas evidencias en poder los mismos, como la suma de 5.905.000 guaraníes, teléfonos celulares, armas y otros objetos.
Asimismo, Richard Fabián Ortiz fue arrestado porque tenía en su poder teléfonos celulares y armas con números de serie eliminados, sin poder justificar su procedencia. La fiscal Diana Gómez pidió 6 meses de plazo para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.