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Itaipu remesó USD 178 millones al Estado hasta mayo de 2022, por Anexo C

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En lo que va del 2022, Itaipu Binacional transfirió USD 178 millones al Estado paraguayo, en el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado. Los desembolsos corresponden a los conceptos de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

De esta manera, la Entidad se encuentra al día con todos sus compromisos financieros.De enero a mayo del presente año, la Entidad remesó USD 82 millones por royalties y USD 68 millones por cesión de energía al Tesoro Nacional.

Por su parte, la ANDE ingresó USD 28 millones por el resarcimiento de las cargas de administración y supervisión; de acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera, Margen Derecha, de la Binacional.

Solo en el mes de mayo, los desembolsos por royalties alcanzaron USD 17,3 millones, mientras que los pagos por cesión de energía equivalieron a USD 15,2 millones y la ANDE percibió 1,3 millones por resarcimientos; totalizando así USD 34 millones las transferencias hechas por ITAIPU al país en el quinto mes de 2022.

De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Itaipu, los royalties constituyen un resarcimiento financiero que reciben los Estados de Paraguay y Brasil por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para la producción de energía eléctrica.

La cesión de energía es la compensación abonada por el Estado brasileño para acceder a la parcela de la producción que Paraguay no utiliza. Estos dos conceptos son transferidos al Ministerio de Hacienda, institución que se encarga de distribuir los recursos, según disponen las legislaciones nacionales.

La ANDE recibe mensualmente los pagos por resarcimiento de las cargas y, periódicamente, también percibe ingresos por las utilidades del capital para hacer frente a sus necesidades presupuestarias, cumpliendo así con lo que estipula el Anexo C del Tratado de la Entidad.

La Central Hidroeléctrica de Itaipu mantiene un óptimo desempeño, lo que le permite a la empresa cubrir la demanda energética de los dos países y honrar a cabalidad sus obligaciones financieras, pese a los efectos latentes de la crisis hidrológica.

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