El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, enfatizó que a partir de ahora ninguna gasolinera podrá ser habilitada sin el visto bueno de gestión ambiental aunque cumplan con las normas de construcción. Pidió a los empresarios del ramo a invertir en zonas menos desarrolladas de la ciudad. Les prometió también que nadie les pedirá dinero extra para la aprobación de sus emprendimientos.
Prieto convocó a empresarios de estaciones de servicios y a la prensa para informar que de ahora en más la Municipalidad establecerá normas y protocolos para la habilitación de estaciones de servicios. Cada local deberá cumplir con normas basadas en aspectos geográficos, sustentabilidad ecológica y la legalidad, indicó.
El jefe comunal recordó a los empresarios que las nuevas normas que se establecen harán que la institución habilite los locales de expendio de combustibles estrictamente basados en el marco legal y socio ambiental.
Durante su exposición y dirigiéndose a los empresarios, les pidió que consideren invertir en zonas menos desarrolladas de la ciudad y no centrarse en barrios que ya cuentan con varios locales en funcionamiento. “Lo que queremos es que se consideren zonas de la ciudad que faltan desarrollarse, el microcentro, mercado, km. 4 o áreas habitacionales están llenas de estaciones de servicio, y es malo para la competencia misma”, adujo.
Aclaró que las inversiones privadas siempre tendrán su apoyo “porque genera fuente de trabajo, pero en el marco de un proceso legal y sin pagos extra oficiales a cambio de habilitaciones”.
También mencionó que las estaciones de servicio que ya fueron construidas y aprobadas, pero que no cuentan con el visto bueno de gestión ambiental, no serán habilitadas.
El intendente explicó además que, para cada estación de servicio, lo primero que hay que hacer es presentar los documentos en mesa de entrada, desde donde se remitirá a medio ambiente para su verificación y emisión de un parecer, acorde a las leyes y ordenanzas en un plazo aproximado de 10 días, proceso que tendrá carácter público.