El allanamiento realizado en una propiedad del kilómetro 22, lado Monday de Minga Guazú, dejó al descubierto un daño patrimonial de G. 1.496.000.000 para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), generado por el uso ilegal de energía eléctrica para operar una granja de criptominería.

La intervención, encabezada por la ANDE en conjunto con una comitiva fiscal y policial, culminó con la incautación de 213 máquinas de minería y dos transformadores de alta capacidad. Según técnicos de la estatal, la energía utilizada en la propiedad alcanzaba niveles suficientes para abastecer a unas 500 viviendas.

A las 17:00 del día del procedimiento, el ciudadano chino Young Hsiu Yueg, titular del suministro, se presentó en el lugar y mostró un contrato de cesión de la propiedad a Patricia Ferreira Balbuena. Aseguró que la misma ya había sido transferida a Isabel Aguirre, madre de sus hijos. Sin embargo, Diego Fernández, asesor jurídico de la ANDE, afirmó que Yueg deberá presentarse ante el Ministerio Público para aclarar su responsabilidad en los hechos.

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Los equipos incautados fueron trasladados bajo custodia policial a la subestación Puerto Botánico de la ANDE en Asunción, siguiendo lo establecido en la Ley 7300/24. Esta normativa, aprobada hace siete meses, busca proteger el sistema eléctrico y sancionar la sustracción de energía.

Hasta la fecha, la ANDE ha reportado la incautación de más de 3.900 máquinas de minería ilegal en operativos realizados en todo el país. No obstante, Fernández admitió que aún no se han registrado condenas o encarcelamientos relacionados con este tipo de delitos, aunque sí existen procesos abiertos contra los responsables.

La sustracción de energía eléctrica sigue representando un desafío para la empresa estatal, que busca frenar el impacto de las operaciones ilegales en el sistema eléctrico nacional.

Ciudad del Este. Un trágico accidente de tránsito se registró en la noche de ayer, 4 de febrero, cerca de las 23:40 horas, sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 7. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó como saldo un joven fallecido, otro herido de gravedad y cuantiosos daños materiales.

El choque fue protagonizado por un Kia Soluto blanco, con chapa AARA166, conducido por Osvaldo Ozorio Amarilla, de 54 años, domiciliado en el barrio Remansito; un Toyota Allion bordó, chapa UAG-716, al mando de Bernardo David Acosta Rodríguez, de 22 años, del barrio San Isidro; y un Chevrolet Onix gris, chapa CGA-985, guiado por Lucas Nohan González Soto, también de 22 años, oriundo de Presidente Franco.

González Soto fue la víctima fatal del percance. Según el reporte forense, falleció en el acto debido a un traumatismo cráneo encefálico severo. En tanto, Acosta Rodríguez resultó con lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Sanatorio Le Blanc, donde permanece internado en observación. Por su parte, Ozorio Amarilla salió ileso del accidente.

Tras el aviso a la Policía, la Agente Fiscal de Turno N° 2, Abg. Cinthia Leiva, se constituyó en el lugar junto con el médico forense Dr. Carlos Alfaro. También intervino personal de Criminalística, a cargo del Suboficial Inspector César González, para realizar el peritaje correspondiente.

Hasta el momento, no se han precisado las causas exactas del accidente. Se aguarda el informe técnico para determinar la dinámica del hecho y posibles responsabilidades.

Una comitiva fiscal y policial, en conjunto con técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), allanó una propiedad en Minga Guazú utilizada para la minería de criptomonedas mediante una conexión clandestina de energía eléctrica, generando cuantiosas pérdidas para la empresa estatal.

El operativo fue encabezado por el fiscal Alcides Giménez en un inmueble ubicado en el kilómetro 22, lado Monday de Minga Guazú. Según los registros, la propiedad pertenece al ciudadano chino Young Hsiu Yueg, aunque se presume que estaba siendo usufructuada por Zhihua Xia, empresario y directivo de la firma B Blue S.A.

Durante la intervención, los agentes encontraron dos contenedores repletos de equipos mineros en pleno funcionamiento. En total, se incautaron 213 máquinas de minería de criptoactivos y dos transformadores de alta potencia: uno de 663 kVA y otro de 45 kVA. En el momento de la intervención, las máquinas estaban funcionando a pleno, pero no se encontró a ninguna persona responsable en el lugar.

De acuerdo con Diego Fernández, abogado de la Asesoría Jurídica de la ANDE, “la energía eléctrica consumida en esta operación ilegal podría haber abastecido a unas 500 viviendas”, lo que pone en evidencia la magnitud del robo y su impacto en la red eléctrica.

El informe técnico de la ANDE confirmó la existencia de una derivación ilegal antes del medidor, lo que permitía el uso de electricidad de forma clandestina. Las mediciones realizadas en el sitio registraron intensidades de corriente que alcanzaban hasta 17.9 amperes, lo que corroboró el uso fraudulento de la energía.

En el momento del allanamiento, no se encontró a ningún responsable en el lugar. Las autoridades presentaron una denuncia penal por sustracción de energía eléctrica, según el Art. 173 del Código Penal, modificado por la Ley 7300/24, que también dispone la incautación de bienes vinculados a este tipo de delitos. Además, se suma la figura de perturbación de servicios públicos, contemplada en el Art. 218 del mismo código.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance del daño económico ocasionado al Estado.