Debido a la movilización permanente de un sector en reclamo de actos jurídicos extemporáneos, desde la Asesoría Judicial de la Municipalidad de Ciudad del Este, aclararon que la mayoría de los moradores de la ex Finca 66, entiende que la mensura judicial es un proceso lento y que no es competencia aún de la comuna solicitar amparos judiciales.  

Según anunció el asesor jurídico, Abg. Ricardo Romero Fatecha, una vez que culmine el trabajo técnico para la mensura, la Municipalidad solicitaría las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos de los ocupantes.  

Además, indicó que el proceso de mensura judicial se adjudicó a una empresa especializada que está iniciando los trabajos técnicos preliminares, que tendrán una duración de diez meses aproximadamente, como se había informado en una reunión pública con los afectados.

El funcionario aclaró que luego de varias postergaciones por causas ajenas a la administración actual, el llamado a licitación se realizó recién este año, concretándose la adjudicación en mayo pasado y que se trata de un proceso delicado, que debe implicar las delimitaciones en presencia de un juez posterior al trabajo técnico, conforme a lo explicado por el asesor jurídico.

El mismo indicó que es el momento de unidad y no de peleas ante un desafío tan grande de reivindicar a las familias un derecho tan anhelado mediante la aclaración técnica y jurídica de los asentamientos que engloba la finca, mediante una inversión municipal multimillonaria.

También significó que el interés general debe primar sobre lo particular, al referir que la mayoría de los afectados conoce y entiende el proceso a excepción de los moradores del asentamiento Belén, que responden Elvio Barúa, inmerso en una campaña proselitista, de acuerdo a lo indicado por Romero Fatecha. El asesor jurídico de la Municipalidad instó a Barúa a bajar los decibeles, teniendo en cuenta que las familias merecen tranquilidad y no zozobra.