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Invasores deberán dejar propiedad privada o irán a prisión

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Luego de varias audiencias llevadas a cabo en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el Ministerio Público propició la condena de 27 invasores de una propiedad privada, en un juicio oral y público que concluyó este martes 2 de febrero.

La sentencia es de 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, con la condición de que los sancionados abandonen el inmueble ajeno o de lo contario tendrán que cumplir en prisión la sanción penal.

La fiscal Zunilda Ocampos Marín demostró con suficientes pruebas la responsabilidad de los hoy sentenciados y solicitó 3 años de pena privativa de libertad para cada uno de ellos.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Sentencia -presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez y conformado por los magistrados Serafín González Roa y Vitalia Duarte- consideró razonable la aplicación de 2 años.

La nómina de los condenados es la siguiente: Patricia Duarte Florentín, Teófila Riveros de Ortiz, Denis Michael Duarte Riveros, Liliana Villalba Martínez, Carmen Báez González, Julia Martínez Díaz, Alcira Segovia Ovelar, Niño Jesús Ojeda Beloso, Serfiria Serna Espinoza, Gregorio Solís, Hermo Serna, Luz Marina del Puerto Silvero, Marcia Riveros de González y Ramona Concepción Vergara de Maciel.

Sigue con Florentino González Velázquez, Victoria Aquino, Julio Antonio Villalba Morínigo, Norma González Álvarez, Jorgelina Rolón Brunaga, Osmar Ramón Cabañas Vera, Wilfrido Báez González, Reinaldo Ortiz Vera, Ana Lourdes Galeano Ojeda, Celso Ramírez Alvarenga, Martín Villalba Morínigo, Ana Carolina Centurión y Ursulina Riveros de Duarte.

ANTECEDENTES

El 31 de mayo del 2015, los hoy condenados y varios otros invasores ingresaron clandestinamente a una propiedad privada de 20 hectáreas, ubicada en el kilómetro 29,5 del distrito de Minga Guazú. El inmueble está individualizado como finca 10239, padrón 609, propiedad del señor Víctor José Agüero.

Los invasores son reincidentes, considerando que inicialmente fueron desalojados del lugar mediante una orden judicial dictada por la entonces juez Máxima Meza.

No obstante, poco tiempo después volvieron a ingresar a la propiedad ajena, siendo denunciados en la Fiscalía, que les inició el proceso. Finalmente, fueron juzgados y condenados.

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Vecino acusado de envenenar y matar a cuatro perros

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Un hombre denunció a su vecino por el supuesto envenenamiento y muerte de sus cuatro perros de diferentes razas. El hecho aconteció el 20 de mayo alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada en el barrio San Blas, en el distrito de Tavapy, sur del departamento de Alto Paraná.

El denunciante, Ever Diosnel Colmán Fretes (34), sindicó a su único vecino, Martín Persingola Núñez (76), como el responsable de este lamentable episodio. Según la acción radicada en la subcomisaría número 39 de la zona, se presume que el envenenamiento tuvo lugar en el inmueble de Persingola Núñez.

Los perros fallecieron después de vomitar chorizo y una sustancia venenosa, conforme se pudo precisar.

El dueño comentó que en la fecha y hora mencionadas, salió de casa en su vehículo para dirigirse a su chacra, mientras lo cuatro perros le siguieron hasta cierta distancia.

Luego, los animales regresaron y se dirigieron hacia la propiedad de Martín Persingola. Horas después volvieron a la casa de Colmán Fretes con los síntomas mencionados y fallecieron de inmediato.

El fiscal de turno de Santa Rita, José Silguero, intervino en la causa. Ever Diosnel se ratificó en su denuncia bajo acta.

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Informe de la Observadora de la UE: Ausencia de indicios de fraude y recuento de votos inviable

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En su último informe, la jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Tania Marques, confirmó que no se encontraron pruebas sustanciales de fraude electoral y que un recuento de votos no es factible en este momento.

Marques destacó el desarrollo normal de las recientes elecciones y reiteró que, a pesar de las acusaciones de supuesto fraude, no existen pruebas claras al respecto. Además, respaldó la decisión de no abrir el Sobre 4 por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Dijo que el envío de un grupo de observadores electorales refleja el compromiso de la Unión Europea con el proceso democrático en nuestro país. Esta tercera misión de observación electoral de la UE tuvo la responsabilidad de brindar acompañamiento antes, durante y después de las elecciones generales.

Resaltó que todo el proceso electoral transcurrió de manera transparente, elogiando los esfuerzos de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para fortalecer la confianza ciudadana. Acotó que el cómputo provisional y la revisión final de actas se llevaron a cabo sin contratiempos significativos.

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Operativo «apriete»: Fiscal incautó 500 celulares durante allanamiento

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En un supuesto operativo «apriete», el fiscal Luis Trinidad Colmán incautó al menos 500 celulares, argumentando que verificarán los respectivos IMEI en el marco de una investigación sobre robo agravado. El fiscal adjunto Jorge Sosa autorizó el procedimiento supuestamente irregular, conforme con los datos.

La intervención se realizó en la mañana de este sábado 20 en el edificio Multiplasss de Ciudad del Este. Los abogados del negocio afectado aseguraron que los artefactos están totalmente documentados y nada tienen que ver con el caso pesquisado, que sucedió en Caacupé el 25 de abril pasado.

Según datos, esa carga -sustraída por delincuentes- salió totalmente en frío, con anuencia de los responsables de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Se supo que esas mercaderías no fueron despachadas en Paraguay y están valuadas en 3,5 millones de dólares. Además, de acuerdo con las informaciones que se manejan, cuentan con facturas, pero no pasó por el despacho.

La Fiscalía, para sostener el dudoso operativo en el comercio esteño, afirma que los celulares confiscados forman parte de aquel atraco, pese a contar con la lista de características de todos los aparatos sustraídos en aquella oportunidad.

El interés desmedido del agente fiscal Trinidad sería por la recompensa que está ofreciendo el propietario de la carga robada y cuya cantidad asciende a 3 mil ítems, según las fuentes.

Al respecto, el fiscal adjunto del Área Penal N° 10, Jorge Sosa, dijo que no contaba con mayores datos, pues estaban investigando. No obstante, confirmó que todo lo incautado fue llevado hasta la sede fiscal para una supuesta revisión pormenorizada.

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