Según el informe de la Subcomisaría N° 13 del barrio Remansito, un chofer de la empresa de transporte Acaraymi fue detenido este jueves tras ser acusado de coacción sexual en el interior de un colectivo de pasajeros.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 en la vía pública del barrio Remansito. La víctima, de 18 años, denunció que el conductor del colectivo N° 46, identificado como José Antonio Cantero, supuestamente intentó someterla aprovechando que era la última pasajera a bordo.

De acuerdo con la denuncia, la joven simuló seguirle la corriente hasta llegar a las inmediaciones de su domicilio, donde pidió auxilio a familiares y vecinos. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a un grupo de vecinos reteniendo al conductor, quien se encontraba sentado al lado del colectivo.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Luis Fernando Escobar, quien ordenó la detención del chofer y el traslado del colectivo hasta la sede policial. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.

Transportistas de cargas menores se reunieron con autoridades aduaneras paraguayas en Ciudad del Este para analizar las implicancias de una medida anunciada por Brasil, que pretende exigir que cada camión con mercaderías con destino a Paraguay cuente con un Manifiesto Internacional de Carga (MIC).

El documento, cuya tramitación cuesta aproximadamente G. 1.400.000 por viaje, representa un gasto elevado para los transportistas paraguayos que operan con cargas de hasta 3.000 kilos, principalmente de productos como cerámicas, azulejos y juegos de baño.

Según Iván Airaldi, vicecónsul de Paraguay en Foz de Iguazú, la mayoría de los transportistas afectados no podrían afrontar ese costo en cada viaje. «Es inviable porque pagar ese monto en cada viaje les resultará muy oneroso», explicó.

Ever Rodríguez, presidente de la Asociación de Transporte Internacional, advirtió que la exigencia brasileña no solo implica el pago del MIC, sino que además obligaría a los transportistas a declarar que están trasladando 8.000 kilos de carga, lo que supondría su ingreso a puerto seco, donde deberían esperar la verificación y despacho bajo el mismo régimen que los camiones de gran tonelaje.

«Eso hará que nuestro trabajo se extinga, nadie podrá aguantar el costo y el tiempo que se demora con ese régimen», afirmó Rodríguez. También señaló que ninguno de los transportistas de despachos menores cuenta con habilitación internacional, lo que haría imposible adecuarse a la nueva exigencia.

Rodríguez indicó que en el Puente de la Amistad alrededor de 750 personas trabajan en el transporte de cargas menores, por lo que la implementación de esta medida traería consigo un gran problema social, ya que afectaría a miles de personas.

En el lado brasileño, exportadores y comerciantes también están en alerta, ya que sus ventas dependen en gran medida de los compradores paraguayos. La Asociación Comercial e Industrial de Foz de Iguazú (ACIFI) también se opone a la medida y pretende sumarse a la comitiva que viajará a Brasilia para tratar de frenar su puesta en vigencia.

La normativa es impulsada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) de Brasil, que busca implementarla en los próximos meses.

El vicecónsul Iván Airaldi anunció que una comitiva interinstitucional paraguaya tiene previsto viajar a Brasilia para discutir el tema con autoridades federales del vecino país y buscar una alternativa que alivie el impacto sobre los transportistas.

Por el momento, la aplicación de la medida ha sido prorrogada hasta los primeros días de junio, lo que permitirá agotar todas las instancias de negociación.

Según datos proveídos por Itaipu Binacional, la hidroeléctrica instalará una planta solar flotante de 1.000 kWp en su embalse. Con la firma de la orden de inicio, se dará paso a la implantación de esta nueva fuente de energía, lo que convertirá a la usina en una central de generación múltiple.

El documento fue firmado por el director general paraguayo, Justo Zacarías Irún, y el director general brasileño, Enio Verri, junto con los demás directores de ambas márgenes. La instalación de los equipamientos comenzará de inmediato, conforme al cronograma establecido por las Asesorías de Energías Renovables de la entidad.

El director paraguayo destacó que Itaipu podrá generar energía solar además de la hídrica y afirmó que el proyecto representa un avance en la exploración de fuentes renovables en Paraguay. Indicó que en 150 días la central pasará a ser una generadora de energía hidroeléctrica y solar.

Por su parte, el director brasileño resaltó que la planta solar será implementada por un consorcio de empresas de ambos países, lo que refuerza la integración binacional. Agregó que la diversificación energética tendrá un impacto en el desarrollo de Paraguay y Brasil, especialmente en el sector industrial.

El asesor de Energías Renovables de la Margen Derecha, Pedro Domaniczky, explicó que se trata de la primera planta solar flotante en un embalse binacional a nivel mundial. Señaló que con este proyecto la potencia instalada de Itaipu pasará a 14.001 MW.

El plazo estimado para la ingeniería de diseño, instalación y puesta en servicio de la planta es de 150 días, seguido de 180 días de monitoreo, operación y mantenimiento, sumando un total de 330 días.

El proyecto piloto estará a cargo del consorcio paraguayo-brasileño Sunlution — Luxacril, adjudicado para su implementación. La planta ocupará menos de una hectárea del embalse y funcionará en fase experimental antes de evaluar su posible expansión e integración con el sistema de generación de Itaipu Binacional.