Tras largas horas de deliberaciones que culminaron en la noche de este jueves, el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado  por Marino Méndez y Flavia Lorena Recalde, condenó a 18 años de pena privativa de libertad al suboficial de Policía, Diosnel López González, por homicidio doloso y narcotráfico. Mientras que el docente, Prisco Villar recibió 13 años, por narcotráfico.

Igualmente fue sancionado el estibador Cristian Santacruz, a tres años de prisión con el beneficio que le otorga la Ley de drogas, gracias a la información que había proporcionado en su momento.

Tanto el policía, como el docente fueron absueltos en un juicio anterior, pero esa decisión fue anulada por la Cámara de Apelación y ordenó un nuevo juicio. La maratónica audiencia pública concluyó este miércoles 8 de octubre, pasada las 21:00, tras largas horas de deliberaciones.

El suboficial López fue acusado de haber baleado a José Dolores Solís Peña, quien también era estibador, el 4 de octubre del 2015, a las 17:30 aproximadamente, a orillas del Lago Itaipu, de la colonia Puerto Indio, distrito de Mbaracayú.

Según antecedentes, Cristhian Santacruz, había confesado que él y otros estibadores fueron contratados por el citado uniformado para el transporte de drogas al territorio brasileño. Pero que, presuntamente, hubo una discusión entre las partes, porque ellos pretendían cobrar por adelantado y, el suboficial quería pagarles al término del servicio.

La disputa verbal habría desembocado en la reacción homicida contra Solís Peña. Luego, Santacruz mostró el lugar donde estaba oculto el cargamento de 3.116 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 129 paquetes de diferentes tamaños, a orillas del Lago de Itaipu.

El agente fiscal Elvio Aguilera representó al Ministerio Público durante el juicio oral.

POLICÍAS SERÁN INVESTIGADOS POR TESTIMONIO FALSO

El Tribunal de Sentencia también decidió remitir al Ministerio Público los antecedentes de los policías: Natalio Báez, Juan José Alonso, Eleno Luis Martínez, Manuel Cantero Casco y Darío Aguayo, para que sean investigados por testimonio falso.

Los uniformados, en el juicio oral, omitieron datos cruciales que consignaron en sus actas de procedimiento para favorecer a los acusados.

Igual suerte corren otros tres testigos civiles que igualmente habrían mentido ante el Tribunal. En total declararon 18 testigos.