La fiscal Carolina Rosa Gadea, titular de la Unidad Penal N° 5, inició procesos penales en contra de 30 padres de familia, que se negaban a prestar asistencia económica a sus respectivos hijos menores, así como establece la Ley. Todos ellos, quienes soportan cargos por Incumplimiento del Deber Legal Alimentario, quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

Los encausados preliminarmente fueron condenados por diferentes juzgados de la Niñez y Adolescencia de Alto Paraná al pago de determinados montos mensuales en concepto de prestación alimentaria, y que estaban obligados a depositar en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Sin embargo, los mismos no cumplieron las disposiciones judiciales y consecuentemente fueron denunciados por las madres de los menores, en el Ministerio Público. Las diferentes causas penales se iniciaron en los primeros meses de este 2020.

Luego de los trámites pertinentes y haber reunido los primeros elementos de sospechas, mediante informes bancarios, la fiscal Carolina Gadea dispuso la imputación de las 30 personas. Igualmente, dejó a cargo de los respectivos juzgados la imposición de medidas cautelares que garanticen el sometimiento de los encausados a la Justicia.

Los nombres de los imputados se omiten para evitar la posible identificación de sus menores de edad, en cumplimiento a lo establecido por el Código de la Niñez y Adolescencia.