La reciente designación del Lic. Derlis Antonio Gauto Santacruz como nuevo gerente financiero de la Fundación Tesãi, por determinación del director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, desató críticas entre los dirigentes colorados de Alto Paraná. La molestia radica en que Gauto Santacruz, además de ser funcionario de Itaipú y convencional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), proviene de San José de los Arroyos, lo que avivó reclamos sobre la falta de representación local en cargos clave.

Los dirigentes altoparanaenses manifestaron que esta decisión contradice el discurso de «Alto Paraná para los altoparanaenses», que, según ellos, sigue siendo solo una frase vacía. “Una vez más, la dirigencia local queda relegada, mientras los espacios son ocupados por personas externas al departamento”, señalaron fuentes del partido en la zona.

Gauto Santacruz, quien asumirá en reemplazo del doctor Carlos Torraz, forma parte del equipo político del polémico senador Beto Ovelar y del diputado Miguel del Puerto. Además, otros comentarios indican que la designación fue impulsada a instancia de José Alberto Alderete, quien habría utilizado su influencia para concretar el nombramiento al considerarlo parte de su cupo político.

Una comitiva fiscal y policial, en conjunto con técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), allanó una propiedad en Minga Guazú utilizada para la minería de criptomonedas mediante una conexión clandestina de energía eléctrica, generando cuantiosas pérdidas para la empresa estatal.

El operativo fue encabezado por el fiscal Alcides Giménez en un inmueble ubicado en el kilómetro 22, lado Monday de Minga Guazú. Según los registros, la propiedad pertenece al ciudadano chino Young Hsiu Yueg, aunque se presume que estaba siendo usufructuada por Zhihua Xia, empresario y directivo de la firma B Blue S.A.

Durante la intervención, los agentes encontraron dos contenedores repletos de equipos mineros en pleno funcionamiento. En total, se incautaron 213 máquinas de minería de criptoactivos y dos transformadores de alta potencia: uno de 663 kVA y otro de 45 kVA. En el momento de la intervención, las máquinas estaban funcionando a pleno, pero no se encontró a ninguna persona responsable en el lugar.

De acuerdo con Diego Fernández, abogado de la Asesoría Jurídica de la ANDE, “la energía eléctrica consumida en esta operación ilegal podría haber abastecido a unas 500 viviendas”, lo que pone en evidencia la magnitud del robo y su impacto en la red eléctrica.

El informe técnico de la ANDE confirmó la existencia de una derivación ilegal antes del medidor, lo que permitía el uso de electricidad de forma clandestina. Las mediciones realizadas en el sitio registraron intensidades de corriente que alcanzaban hasta 17.9 amperes, lo que corroboró el uso fraudulento de la energía.

En el momento del allanamiento, no se encontró a ningún responsable en el lugar. Las autoridades presentaron una denuncia penal por sustracción de energía eléctrica, según el Art. 173 del Código Penal, modificado por la Ley 7300/24, que también dispone la incautación de bienes vinculados a este tipo de delitos. Además, se suma la figura de perturbación de servicios públicos, contemplada en el Art. 218 del mismo código.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance del daño económico ocasionado al Estado.

El déficit de R$ 333 millones en la cuenta de comercialización de Itaipú Binacional ha generado preocupación en Brasil, donde autoridades y sectores afectados advierten sobre un inminente aumento en la tarifa de electricidad. Desde la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) responsabilizan a la negociación con Paraguay realizada en mayo de 2024, cuando ambos gobiernos acordaron un nuevo costo de la energía generada por la binacional.

En ese acuerdo, Brasil y Paraguay fijaron la tarifa en USD 19,28 por kilovatio-mes para los próximos tres años. El gobierno paraguayo celebró el pacto, destacando que generaría ingresos anuales de aproximadamente USD 1.250 millones para el país, distribuidos en royalties, inversiones sociales, compensación de energía y utilidades de capital. Sin embargo, en Brasil, el incremento tarifario derivó en un desbalance financiero que ahora pone presión sobre las tarifas eléctricas.

Ante la falta de una solución concreta, Aneel otorgó una prórroga de 15 días al gobierno brasileño para definir cómo cubrir el déficit sin trasladarlo a los usuarios. La decisión fue tomada este martes 4 de febrero por el director relator del proceso, Fernando Mosna, quien rechazó el pedido del Ministerio de Minas y Energía y de la Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBPar) de extender el plazo por 45 días adicionales.

Mosna argumentó que la situación era conocida desde noviembre de 2024 y que no hay razones para demorar más la definición. Advirtió que, si no se presenta una medida concreta en este nuevo plazo, Aneel se verá obligada a trasladar el impacto a la tarifa de los consumidores brasileños.

Posible suba del 5,99 % en la tarifa de electricidad

El equipo técnico de Aneel estima que, si no se encuentra una solución, el déficit generará un aumento del 5,99 % en la tarifa de transferencia de Itaipú. Actualmente, el costo de la energía de la binacional se mantiene en USD 17,66/kW, pero el ajuste lo llevaría a USD 18,72/kW en 2025.

Este incremento de USD 1,06/kW representaría un impacto total de USD 120,9 millones, que recaería directamente en los consumidores brasileños.

Tensión en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú

El acuerdo de mayo de 2024 entre Brasil y Paraguay se dio en el contexto de las negociaciones para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que regula los aspectos financieros y comerciales de la hidroeléctrica.

Paraguay busca mejorar sus condiciones en la venta de energía y aumentar sus beneficios, mientras que Brasil enfrenta el desafío de evitar un incremento en los costos para sus ciudadanos. La actual crisis financiera en la binacional podría influir en la renegociación y generar nuevas tensiones entre ambos países.

Con el nuevo plazo otorgado por Aneel, el gobierno brasileño tiene hasta el 19 de febrero para definir de dónde saldrán los recursos que permitan mantener la tarifa sin modificaciones. De no encontrar una salida, la suba en la electricidad será inevitable, aumentando la presión política y el malestar entre los consumidores brasileños.